Segundo aviso del Gobierno a la Comunidad de Madrid para que cumpla la ley del aborto. El Ministerio de Sanidad ha requerido al Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso que ponga en marcha el registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. El nuevo toque de atención no se dirige solo a Madrid, sino también a Baleares y Aragón, que aunque no se han negado expresamente a crear el listado, no lo tienen en marcha, ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las tres comunidades tienen a partir de ahora un mes para responder al requerimiento y cesar en el incumplimiento de la ley. Se trata de un aviso, ha desgranado García, previo a iniciar acciones judiciales contra los gobiernos regionales. Después, el Gobierno central cuenta con otros dos meses de plazo para ir a los tribunales. De esta última comunicación se ha quedado fuera Asturias, gobernada por el PSOE, que sí recibió la semana pasada la carta del presidente del Ejecutivo recordando que debían cumplir la ley.

La ministra de Sanidad se ha dirigido específicamente a la dirigente madrileña desde la mesa del Consejo de Ministros: “Se ha equivocado por partida doble, se ha creído estar por encima de la ley y por encima del derecho de las mujeres. Le recomiendo que recoja cable y abandone su cruzada”.

Ayuso confirmó la semana pasada, tras días de declaraciones ambiguas, que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

“Me gustaría que un partido de Estado, como es el Partido Popular, le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley, y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo”, ha asegurado Sánchez este martes en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha recordado que solamente el 1% de los abortos en la Comunidad de Madrid se practican en la sanidad pública. “Es evidente que hay una decisión política detrás, producto de un dogmatismo y de un sectarismo que nada tiene que ver ni con el sentir de muchas mujeres, hasta incluso de aquellas que votan al PP”, ha añadido.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no considera que Ayuso se haya declarado “en rebelión”. “La propuesta del PP está muy clara, la ley del aborto se cumple en España. Yo la cumplo y los presidentes autonómicos de mi partido también”, dijo este lunes en Antena 3.

El Partido Popular, en un nuevo equilibrismo sobre un asunto que genera división interna como el aborto, propuso crear un registro de médicos y médicas que sí practican interrupciones voluntarias del embarazo, una idea que supondría asumir que la prestación para abortar no está incluida en la carta del Servicio Nacional de Salud. “Que sea de objetores y no de prestadores es porque toda prestación se presta por defecto. Lo contrario supone asumir que hay una objeción universal, expresamente prohibida en la ley, que se revierte con la prestación activa”, respondió el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en X.