Tras el caso del exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha reabierto el debate: ¿debe un diputado acusado de delitos graves seguir ocupando su escaño? El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha puesto el foco sobre esta cuestión tras decidir mantener a Ábalos en libertad con medidas cautelares. En su auto, el magistrado lamenta que la actual legislación permita a un diputado continuar con sus funciones incluso cuando existen indicios sólidos de corrupción.
Puente considera que esta situación genera "natural estupor" en la ciudadanía. A su juicio, resulta contradictorio que un representante público bajo investigación por presuntos delitos cometidos durante su etapa como ministro conserve las “altas funciones” propias del cargo: controlar la acción del Gobierno y participa