Uruguay marcó un precedente histórico al convertirse en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia y la asistencia médica para una muerte digna. Con la aprobación del proyecto en el Senado, el país sudamericano inaugura un marco regulatorio que reconoce, bajo estrictas condiciones, el derecho de las personas a decidir sobre el final de su vida.

La normativa, que aún requiere su promulgación formal y la elaboración de protocolos hospitalarios, establece que sólo podrán acceder mayores de edad con plena capacidad de decisión que padezcan enfermedades incurables o sufrimientos crónicos e irreversibles, sin posibilidad de alivio. El proceso contempla evaluaciones psicológicas, la intervención de varios especialistas y un periodo de reflexión antes de la ejecución.

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