Miami.— El Congreso mexicano aprobó en la madrugada del 15 de octubre una reforma a la Ley de Amparo que endurece los requisitos para acceder a este recurso de protección constitucional. Esta modificación ha generado preocupación en Estados Unidos, especialmente con la primera revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) programada para 2026. Las fricciones relacionadas con el amparo podrían influir en la agenda bilateral entre ambos países.

Funcionarios estadounidenses han expresado su intención de abordar sus inquietudes a través de canales diplomáticos y comerciales. La US Chamber of Commerce ha subrayado la importancia de que México mantenga un clima favorable para la inversión. Susan Clark, presidenta de la US Chamber, enfatizó que el éxito de la asociación económica depende de la certeza jurídica. “De cara al futuro, México y Estados Unidos deben reafirmar sin reservas los valores compartidos de la libre empresa, el Estado de derecho y la democracia”, afirmó.

La American Chamber of Commerce (AmCham) en México también ha manifestado su preocupación. La AmCham advirtió que los cambios en la Ley de Amparo comprometen la certidumbre jurídica y la independencia judicial, elementos esenciales para la inversión. “Vemos en la reforma judicial riesgos en su independencia… incremento en costos, reducción de la efectividad del sistema judicial y generación de incertidumbre para la inversión”, alertó la AmCham.

Fitch Ratings ha señalado que la reforma podría aumentar el riesgo regulatorio en México, limitando la capacidad de los jueces para suspender actos administrativos y restringiendo los mecanismos de defensa disponibles. Esto afectaría a diversos sectores económicos, reduciendo la previsibilidad para las empresas que operan con permisos del Estado. La calificadora anticipa incluso implicaciones crediticias negativas para algunas compañías.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las advertencias, afirmando que “están equivocados” y que se explicará a las calificadoras que no hay problemas para la inversión. La reforma se suma a otras que han generado inquietud en Estados Unidos. Un grupo de legisladores presentó la resolución H.Res.454, expresando preocupación por las reformas judiciales en México, advirtiendo que podrían impactar negativamente en las instituciones democráticas y en los compromisos del T-MEC.

La congresista María Elvira Salazar ha criticado las reformas, sugiriendo que amenazan con un retroceso autoritario en México. “Debemos mantenernos comprometidos a asegurar la independencia del Poder Judicial mexicano ante ataques populistas”, dijo. El congresista Greg Stanton también ha advertido que la reforma judicial pone en peligro los intereses económicos y de seguridad compartidos entre ambos países.

Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, enfatizó que la transparencia judicial es vital para todos los inversionistas. Nichols aseguró que Estados Unidos “insistirá” en que se respeten las cláusulas de protección a la inversión extranjera del T-MEC. Estos comentarios reflejan la preocupación en el Departamento de Estado sobre cómo la reforma a la Ley de Amparo podría afectar los derechos de los inversionistas estadounidenses.

Desde el 17 de octubre de 2025, la reforma a la Ley de Amparo ya está en vigor, modificando sustancialmente la principal herramienta de defensa de ciudadanos y empresas frente a actos de la autoridad. Los cambios se centran en tres áreas: limitación del poder de suspensión, digitalización de procesos y agilización del cobro de impuestos. La suspensión, que permitía a un juez congelar la aplicación de una ley, ahora solo beneficiará a la persona o empresa que solicitó el amparo, prohibiendo los "efectos generales". Además, las decisiones de órganos autónomos no podrán ser suspendidas, obligando a las empresas a acatar sus resoluciones de inmediato.

La modernización del sistema judicial se convierte en una obligación para las autoridades, que deberán tramitar sus asuntos a través de un portal en línea. Los ciudadanos podrán optar por presentar sus demandas de forma digital o tradicional. Por último, la reforma cierra puertas a la impugnación de créditos fiscales, buscando que el cobro por parte del SAT sea más rápido y difícil de detener.