Algo más de un año después de su irrupción en las elecciones europeas, el agitador ultraderechista no remonta en las encuestas mientras acumula cuatro causas abiertas contra él y fue incapaz de cumplir sus expectativas de llenar el Palacio de Vistalegre en su lanzamiento

Alvise Pérez lanza su candidatura a las generales con cuatro causas judiciales abiertas

Alvise Pérez es un sujeto político extraño. Sacó más de 800.000 votos y tres eurodiputados en las últimas elecciones europeas con un canal de Telegram como único respaldo político. El fenómeno captó portadas, las encuestas empezaron a medir su impacto y algunas llegaron a situarlo en el 5%. El agitador ultraderechista, al calor de todo aquello, se veía ya como llave para un Gobierno de PP y Vox, como demuestran los audios que desveló este diario en los que prometía leyes a favor de un empresario que le había pagado 100.000 euros unos meses antes. Queda tiempo todavía para las elecciones y la política puede tener sorpresas reservadas, pero más de un año después de esos comicios el fenómeno Alvise parece que no termina de arrancar.

El fundador de Se Acabó La Fiesta (SALF), conocido antes de su salto a la política por difundir informaciones falsas en sus redes sociales, decidió el domingo pasado convocar un acto en Vistalegre como pista de lanzamiento de su candidatura a las generales. A pesar de que en sus plataformas habló de lleno total, en el recinto de Carabanchel había importantes huecos tanto en las gradas como en la pista, que llenó de unos cientos de sillas. En total, cerca de unas 4.000 personas, lejos de las cerca de 10.000 que congregó Vox la última vez que organizó allí un evento. Este tipo de actos y las encuestas apuntan a que el partido de moda entre la extrema derecha sigue siendo el de Santiago Abascal.

Los sondeos que llegaron a situar a Pérez por encima del 5%, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ahora le colocan entre el 1% y el 2%, cifras que complicarían su objetivo de entrar en el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones y también de colocarse como partido clave para la gobernabilidad de una posible coalición del PP con Vox. Ese es el escenario que proyectaba en septiembre de 2024, unos meses después de su irrupción en las europeas, cuando le prometía al empresario Álvaro Romillo, fundador de Madeira Club Invest (MIC), que legislaría a su favor en España cuando llegase el momento.

“Es un pulso histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como [condición] sine qua non una serie de legislación [sic] relativas a bitcoin, etcétera. [...] Por eso estoy intentando ver cómo afronto este asunto porque quiero defender... pues no sé, ¿sabes? Defender tu negocio, defender bitcoin y, digo, lo voy a hablar antes contigo”, le decía según los audios desvelados por elDiario.es. Unos meses antes, durante la campaña de las europeas, Romillo le había pagado 100.000 euros en metálico, según confesó el propio empresario a la Fiscalía.

La causa que investiga este asunto avanza en la Justicia: el Tribunal Supremo acaba de pedir al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado para poder investigarlo por un delito electoral y otro de financiación ilegal. Pérez tiene abiertas además otras tres investigaciones judiciales contra él. Alvise Pérez suele abordar estos contratiempos colocándose como una víctima. “No falla: Ni 24 horas después del lleno en Vistalegre y la donación íntegra del sueldo, el Tribunal Supremo pide imputar a Alvise Pérez por algo que la Comisión de Ética y la Presidencia del Parlamento Europeo ya dijo que no había ninguna ilegalidad”, puso hace poco en su canal.

El eurodiputado publicó hace meses un vídeo en el que mostraba una carta de la Presidencia del Europarlamento de la que solo se hicieron eco medios afines como EDATV y en la que supuestamente le declaraba inocente, aunque lo único que se ve en su publicación es un papel impreso en el que se habla de que una de las comisiones de vigilancia de la cámara no ha encontrado evidencia suficiente sobre las acusaciones. La carta no se puede localizar en la web del parlamento y tampoco Alvise aportó ningún enlace para comprobar su validez, pero además el eurodiputado usó ese argumento para restar importancia a las acusaciones de “medios de comunicación, de algunos partidos y muchos influencers” sin mencionar que lo que pesa contra él no son “calumnias” como él las llama sino investigaciones judiciales.

Lejos de un fenómeno de masas que efectivamente podría haber llenado un pabellón como Vistalegre, como ocurrió con Vox hace unas semanas o con Podemos en sus inicios, Alvise Pérez logró juntar un número considerable de gente el pasado domingo, pero mucha menos de la que seguramente él pensaba. Para hablar del supuesto lleno en su canal, utilizó una fotografía en la que se lo puede observar en el escenario mientras saluda al público. Pero en las gradas aparecen rastros de flashes en zonas donde, según pudo comprobar este diario aquel día, no había nadie. La foto tiene una pequeña marca de agua en una de las esquinas que desvela que ha sido tratada con la inteligencia artificial de Google.

El líder de SALF combina estos gestos con sus quejas por la escasa cobertura mediática que, según piensa, suscitó su lanzamiento como candidato. “Cuando salió Podemos tras aparecer en todos los medios, se les cubrió. Cuando apareció Abascal, todos los medios que movilizaron el miedo le sacaron. Cuando aparece ATENEA con todos los medios detrás, copa debates y prime-time con Iván como invitado… pero cuando un movimiento civil que renuncia a subvenciones, que dona el escandaloso sueldo público que recibe, y que llena Vistalegre sin la más mínima cobertura en ningún medio, se le silencia, difama y ridiculiza”, escribió en su canal, pese a que aquel día había varios de los principales medios de comunicación del país.

Alvise ni siquiera ha cumplido todavía uno de los grandes momentos de su lanzamiento como candidato, la donación de 50.000 euros de su sueldo público, que anunció durante el evento que irían a una fundación de la Guardia Civil. Tanto la Asociación Por Huérfanos de la Guardia Civil como una similar de la Policía han rechazado la donación en los últimos días bajo la premisa de salvaguardar su neutralidad política. Hace unos días, el agitador colgó una noticia en su canal de Telegram para acusar a esa asociación de vínculos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de que la donación de su sueldo fue una de sus grandes promesas electorales, hasta ahora apenas ha sorteado dos mensualidades en más de un año en el cargo.

Las cuatro imputaciones de Alvise Pérez

Su incierta carrera política ha ido acompañada de una lista de problemas judiciales que han ido empeorando en el último tiempo, pero que no comienzan el 9 de junio de 2024. De hecho, para cuando se convirtió en eurodiputado, el agitador de extrema derecha ya había sido condenado en firme por lo civil en el Tribunal Supremo por publicar fotos privadas de la periodista Ana Pastor. Y varias causas penales estaban siendo tramitadas por los tribunales, todas enviadas al Supremo cuando consiguió su asiento en el Parlamento Europeo y, por tanto, quedó aforado.

En estos momentos Alvise está investigado en cuatro causas diferentes tramitadas ante la Sala de lo Penal del Supremo. Una de ellas tiene que ver con Crypto Spain, la compañía de Álvaro Romillo, el empresario que le pagó 100.000 euros supuestamente para financiar su aventura política. Un caso de financiación supuestamente ilegal destapado por elDiario.es y que ahora avanza hacia el juicio: el magistrado que le investiga ha pedido el Suplicatorio al Parlamento Europeo, paso indispensable para poder sentar a un eurodiputado en el banquillo.

Alvise se enfrenta en esta causa a un delito de financiación ilegal y un delito electoral en una causa en la que sus explicaciones no han convencido al juez. En su declaración defendió que esos 100.000 euros eran un pago de Romillo por participar en un acto de su plataforma de inversiones en el Hipódromo de La Zarzuela, y también para amortiguar las consecuencias económicas de sortear su sueldo. El juez, a día de hoy, está convencido de que ese dinero sirvió para financiar su candidatura y que nunca pasó por manos del Tribunal de Cuentas.