El Consejo Fiscal del Perú ha emitido una grave advertencia sobre el impacto fiscal de las leyes aprobadas por el actual Congreso. Se estima que el país podría perder anualmente alrededor de 35.000 millones de soles debido a la acelerada producción legislativa que afecta las finanzas estatales. Este análisis, liderado por el economista Alonso Segura, señala que el déficit y la deuda pública han aumentado como resultado de 229 leyes promulgadas desde agosto de 2021, cifra que triplica el promedio de los tres periodos parlamentarios anteriores.

De las leyes aprobadas, el 44% se hizo por insistencia, ignorando las observaciones técnicas del Poder Ejecutivo. El informe revela que el 79% de estas leyes incrementa el gasto público, mientras que el 17% reduce los ingresos fiscales y el 4% afecta las finanzas de los gobiernos subnacionales. El costo acumulado de las normas aprobadas por insistencia en los últimos cuatro años supera los 35.000 millones de soles anuales.

Desde 2021, se han promulgado un total de 999 leyes, lo que representa el 33% de todas las leyes desde 2006. El uso intensivo de la insistencia ha llevado a la aprobación de 221 leyes por esta vía, multiplicando por siete el promedio anual de periodos anteriores. El Consejo Fiscal también advierte sobre un volumen inédito de iniciativas legislativas en trámite, con 352 dictámenes identificados, de los cuales 274 proponen mayor gasto.

Entre las propuestas más costosas se encuentran incrementos de pensiones y salarios, nombramientos automáticos de docentes y la homologación salarial en el sector público. Si se implementan las 53 iniciativas legislativas con costo cuantificado, el déficit fiscal promedio de 2026 a 2036 podría ascender al 5,8% del producto bruto interno (PBI), en comparación con el 1% estimado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El Consejo Fiscal proyecta que, con las leyes ya promulgadas, la deuda pública podría superar el 47% del PBI en 2036. Si se suman los proyectos en trámite, esta cifra podría alcanzar el 70%, muy por encima del límite legal del 30% establecido por la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

El análisis concluye que el proceso legislativo ha perdido rigor técnico, ya que menos del 45% de las leyes con impacto fiscal adverso fueron observadas por el Ejecutivo. Desde 2021, solo se han presentado tres acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Muchas de estas leyes se promulgaron sin estimaciones de su costo fiscal ni revisión de la Comisión de Presupuesto del Congreso, lo que ha llevado a un predominio del gasto, con 181 de las 229 leyes implicando un aumento en el gasto público, a pesar de las restricciones constitucionales que impiden al Congreso crear nuevas obligaciones sin financiamiento adecuado.