En abril del año 2022, el Gobierno de España aprobaba una ley sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular. En uno de los apartados, se fijaba un plazo de un año para que los ayuntamientos «elaboren un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto incluyendo un calendario que planifique su retirada». El amianto es uno de los compuestos presentes en la uralita (también llamada fibrocemento). Un material de construcción que ha sido muy habitual para tejados y tuberías por su resistencia y versatilidad.

Sin embargo, está considerado como un elemento potencialmente cancerígeno. Sobre todo, cuando se daña o degrada. De ahí viene la orden de su censo y retirada. Pero, tres años y medio después del aterrizaje de la ley, ningún municipio riojano ha hecho los deberes aún.

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