El presidente interino de Perú, José Jerí, ha declarado un estado de emergencia en Lima y Callao, que comenzará a partir de la medianoche de este miércoles y durará 30 días. Esta medida busca combatir el aumento de la delincuencia organizada en el país. En un mensaje a la nación, Jerí afirmó que "la delincuencia ha crecido de manera desmesurada", lo que ha causado un gran sufrimiento a muchas familias y ha afectado la economía nacional.

El mandatario, que asumió el cargo hace menos de dos semanas tras la destitución de Dina Boluarte, expresó que "hoy empezamos a cambiar la historia" y que la lucha contra el crimen permitirá recuperar la paz y tranquilidad en Perú.

El decreto de estado de emergencia, publicado en el diario oficial El Peruano, suspende derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. Esta decisión se produce en un contexto de protestas contra el Gobierno y el Congreso, motivadas por la inseguridad.

Las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en el combate al crimen, realizando patrullas en áreas críticas como paraderos y estaciones de metro. Además, se custodiarán instituciones públicas y se establecerán comandos de campaña temporales en coordinación con los municipios más afectados.

El decreto también limita las visitas a los presos en las cárceles y prevé un "apagón eléctrico" en las celdas, permitiendo solo la iluminación. Asimismo, se ordenará el desmontaje de antenas de telecomunicaciones ilegales, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El Consejo de Ministros se reunió el martes para elaborar el marco legal del estado de emergencia. Jerí, en su cuenta de la red social X, publicó que se pasará "de la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad".

Este tipo de medidas no son nuevas en Perú, ya que el estado de emergencia ha sido declarado en varias ocasiones en diferentes regiones para combatir la minería ilegal y mejorar la seguridad ciudadana.

Recientemente, se han llevado a cabo paros de transportistas y movilizaciones en protesta por el impacto del crimen organizado, que ha dejado decenas de muertos en el gremio de transporte urbano. Según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el trimestre de julio a septiembre se registraron 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, lo que refleja la gravedad de la situación de seguridad en el país.