
Hace tiempo que ha caído la tarde en Casablanca y Younes Makout, de 21 años, alto y espigado, se disculpa por el retraso. “Volví a casa para cambiarme la camiseta. Quiero salir con esta en la foto”, explica. “De momento es una edición limitada, solo tengo una, pero haré más para repartirlas y seguir denunciando, para que este caso y otros muchos parecidos se conozcan”, dirá al finalizar la entrevista. Será la única broma que se permita, casi obligada para aliviar el peso de una conversación que por momentos le lleva al borde del llanto. Porque el chaval que aparece estampado en la tela negra bajo el lema “Free Mouhcine” es su hermano mayor.
Mouhcine, su hermano, tiene 23 años, es estudiante de Derecho y lleva en prisión preventiva desde el pasado 28 de septiembre, cuando fue detenido en Casablanca tras participar en una de las protestas de la llamada “Generación Z” , que comenzaron a extenderse entre los jóvenes de varias ciudades de Marruecos un día antes de su detención.
La respuesta inicial de las autoridades fue la represión policial, a pesar del carácter pacífico de los manifestantes. Los jóvenes participantes, que en su mayoría no llegan a los 30 años, reclamaban mejoras en la sanidad y educación pública y una mayor lucha contra la corrupción.
Los primeros tres días de protestas fueron totalmente pacíficos y sin incidentes, aunque las detenciones arbitrarias y los excesos policiales contra la juventud fueron la tónica general. La reacción violenta acabó llegando con graves disturbios el cuarto día de manifestaciones, localizados en las periferias marginales de grandes ciudades. El episodio más grave se saldó con tres manifestantes muertos por disparos de la policía cuando un grupo de encapuchados atacó un puesto de la Gendarmería en una localidad cercana a la ciudad de Agadir, en el sur del país.
Las primeras cifras oficiales del Ministerio del Interior hablaban de 409 detenidos en prisión preventiva por su participación en los disturbios, más de 260 agentes y 23 civiles heridos, unos 40 vehículos policiales quemados o destruidos y daños en numerosos edificios oficiales y establecimientos privados. La Fiscalía ha abierto procesos penales a unos 200 detenidos por delitos graves de “violencia, destrucción e incitación”, con penas de cárcel que van de 20 años a cadena perpetua. Su advertencia era clara, “máxima firmeza” contra los disturbios y previsibles “condenas ejemplares” que ya han empezado a dictarse.
La pasada semana, el Tribunal de Apelación de Agadir sentenció a 15 de los arrestados a penas de entre tres y 15 años de cárcel por su implicación en actos de violencia que enmarca fuera de las protestas de la autodenominada “GenZ212”, que siempre se ha distanciado de los altercados. Fuentes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) confirman otras seis condenas por los disturbios en la ciudad de Salé, junto a la capital del país, entre las que se cuentan una pena de 20 años y otra de 15. Según esta organización, la cifra total de detenidos rondaba el millar antes de cumplirse una semana de las protestas.
En ese contexto, previo a la violencia, se produjeron en Casablanca los arrestos de Mouhcine y otros 23 jóvenes, entre ellos seis menores, acusados de cortar el tráfico en una autopista de la ciudad durante una “protesta no autorizada”. Ahora, en la prisión de Oukacha, espera un juicio inminente tras el que podría ser condenado con hasta 10 años de cárcel. “Mi hermano puede ir 10 años a la cárcel por cortar el tráfico durante una protesta pacífica”, lamenta Younes.
Para la Fiscalía de la corte de Casablanca, los presuntos delitos de Mouhcine y los demás arrestados son el de obstrucción del tránsito, con la intención de bloquearlo y causar molestias. Unos actos que “no guardan relación con protestas pacíficas, sino que constituyen delitos sancionados por la ley” con prisión de cinco a diez años. Teniendo en cuenta las penas que van saliendo a la luz cada semana entre los cientos de detenidos y procesados en todo el país por estas manifestaciones, la posibilidad de cumplir una larga condena es muy grande, apuntan distintas fuentes jurídicas.
Quiero confiar en el sistema judicial porque fue detenido de forma injusta. Iba con dos compañeros que también fueron detenidos y hay vídeos que prueban que fueron arrestados lejos de esa autopista”, responde Younes con el vértigo dibujado en la cara.
Younes, hermano de uno de los detenidos
“No sé qué va a pasar con mi hermano. Quiero confiar en el sistema judicial porque fue detenido de forma injusta. Iba con dos compañeros que también fueron detenidos y hay vídeos que prueban que fueron arrestados lejos de esa autopista”, responde Younes con el vértigo dibujado en la cara. Ha medido bien sus palabras tras un largo silencio en el que se anudaban a su garganta demasiados temores: una pena máxima para su hermano, una madre viuda y enferma que “ha empeorado desde que Mouhcine está en prisión”, la posibilidad de tener que dejar sus estudios universitarios o, quizás, el miedo a represalias por hablar a cara descubierta con la prensa extranjera en un momento de convulsión en Marruecos.
A pesar de todo, Younes ha sido el único familiar de un detenido que ha accedido a hablar con elDiario.es de la larga decena con los que este medio ha contactado. “Es importante que se sepa que hay detenidos que pueden ir a la cárcel sin cometer ningún crimen”, incide. Son muchos los que piensan lo mismo, pero muy pocos quienes lo denuncian.
Apoyo de abogados voluntarios
“Hay mucho miedo a hablar porque cualquier crítica o denuncia pública puede influir durante los juicios que están por venir. De hecho, recomendamos a las familias que no hablen con la prensa mientras el proceso judicial está en curso”, advierte Yasmine Zaki, abogada de Casablanca y militante de las juventudes del izquierdista Partido del Progreso y el Socialismo (PPS). La secundan otros abogados que, como ella, se ofrecieron voluntarios para representar y defender de forma gratuita al aluvión de manifestantes que en pocos días llenaron las comisarías marroquíes.
El miedo más extendido ahora entre activistas, abogados y familiares de los más de 400 jóvenes encausados por las movilizaciones -más de 200 con cargos penales graves- es el riesgo a las llamadas “sentencias ejemplarizantes”. Es decir, temen recibir condenas más duras como estrategia para intentar conseguir que el miedo y el desánimo ahoguen un movimiento que ha perdido intensidad en la última semana, pero que el pasado sábado volvía a reunir a cientos de personas en varias ciudades.
El pulso de los jóvenes ha conseguido que los medios de comunicación y las instituciones marroquíes den legitimidad a sus demandas, que el rey Mohamed VI recoja veladamente algunas de las reivindicaciones durante su último discurso y que cese la represión. Pero no hay mucho optimismo entre los que, como Mouhcine, esperan el desenlace en prisión con la única ayuda de unos abogados voluntarios desbordados de casos, pero cuya labor está siendo vital para los detenidos y sus familias.
Younes y, sobre todo, su hermano lo corroboran. “Gracias a ellos mi hermano puede intentar defenderse y presentar pruebas de que no cometió los delitos que le imputan. Hay mucha gente que no tiene medios económicos o información para recibir asistencia legal. Gran parte de los detenidos son tan jóvenes que ni siquiera sabían el riesgo que podían conllevar ir a las manifestaciones”, destaca. A eso se suma la falta de información por parte de las autoridades. “Yo me pasé la noche recorriendo comisarías para encontrar a mi hermano. Nadie nos avisó de la detención, no tuvimos ninguna información, ni una sola llamada. Lo encontré a las seis de la madrugada esa noche en una comisaría, pero no me quisieron decir nada, ni siquiera por qué estaba detenido”, lamenta Younes.
Violencia bajo custodia policial
Junto a su madre, vivió con angustia las 48 horas de custodia policial de Mouhcine, su declaración ante el Procurador, la presentación de los cargos y, sobre todo, los diez días que tuvieron que pasar hasta que les permitieron visitarlo en la cárcel. “Lo vimos bien. Nos dijo que el trato en prisión era correcto, aunque otros presos han tenido que prestarle ropa y productos de aseo, porque nosotros no hemos podido llevarle nada en todo ese tiempo”, explica. “Parecía estar bien de ánimo hasta que empezó a hablar de la violencia en comisaría, de los golpes y los insultos de los policías”, destaca. Prefiere no dar detalles, ni siquiera precisar si su hermano sufrió esos malos tratos o simplemente los presenció, pero confirma el “terror” y el “trauma” que transmitía al recordar aquellos momentos.
“Los testimonios de violencia durante custodia policial han sido comunes, tanto con los detenidos en los primeros días de protestas pacíficas como con los detenidos por participar en los disturbios”, asegura desde el anonimato a elDiario.es un abogado de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) que ha asistido a decenas de arrestados en Marraquech y alrededores. Según este letrado, ha habido detenidos procesados sin presencia de abogado, procesos acelerados en pocos días, sin apenas instrucción y sin garantías, arrestos de manifestantes en sus propios domicilios e incluso detenciones preventivas.
Younes no comprende el trato que el régimen ha dado a estas protestas que, para él, “han demostrado el potencial de una generación que sabe organizarse, debatir y exigir pacíficamente demandas legítimas que están recogidas en la Constitución”. Pone como ejemplo la autoorganización horizontal y descentralizada de las manifestaciones a través la plataforma digital Discord, un chat muy usado para juegos online que en las últimas semanas se ha convertido en el punto neurálgico del movimiento.
Autoorganización
“Discord ha sido superefectivo. Ahí he podido ver de forma ordenada cómo, cuándo y dónde pasaban las cosas. Los debates sobre las reivindicaciones, la insistencia en que las protestas fueran totalmente pacíficas, las imágenes de la brutal represión, las charlas online con activistas, expertos y expolíticos que explicaban los problemas del país”, resume.
El servidor creado por el movimiento “GenZ212”, en referencia a los números del prefijo telefónico internacional de Marruecos, pasó de un millar de miembros cuando se hicieron los primeros llamamientos a manifestarse a más de 200.000 en la actualidad. “Por eso creo que las protestas van a seguir hasta que se atiendan las demandas de más inversión en sanidad y educación pública, más lucha contra la corrupción y la puesta en libertad de todos los detenidos en las protestas”, opina Yousef.
Durante la última semana, las protestas han cesado y la respuesta a las nuevas movilizaciones no ha sido tan numerosa como en el inicio. Sin embargo, sus demandas han calado en el debate público y, sobre todo, en una generación que ve cómo se levantan grandes estadios de fútbol para albergar el Mundial de 2030 y la Copa Africana de Naciones en 2026 mientras en un hospital público mueren ocho mujeres dando a luz el mismo día. Que sabe que la economía de su país ha crecido un 22% desde 2019 al tiempo que los sistemas públicos de salud y educación siguen siendo más que endebles. Que reciben en sus ciudades cada año a más de 17 millones de turistas extranjeros cuyo gasto no ha evitado que miles de jóvenes marroquíes se suban a una patera para escapar de un desempleo juvenil que supera el 35%.
“Las razones están claras, las demandas sin legítimas. Por eso seguiré protestando. Y para que mi hermano y otros detenidos puedan salir en libertad”, concluye Younes.