Nuevo caso de coto al catalán en la administración pública como el conocido la semana pasada en Vic . Ahora, la Fiscalía Superior de Catalunya apoya una demanda contra el Parlament por exigir a los chóferes que se encargan de trasladar a los miembros de la Mesa un nivel de catalán, el B2 (intermedio), que considera desproporcionado . La demanda, que pide impugnar las bases del concurso público para contratar chóferes, surge de la entidad unionista Convivencia Cívica Catalana . La Fiscalía pide "estimar parcialmente" este texto y declara en un escrito avanzado este miércoles por El Mundo que el nivel requerido debería ser el B1 (básico).

El recurso de Convivencia Cívica Catalana sostiene que el Parlament requiere acreditar un nivel de catalán "que no guarda relación práctica alguna

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