La jueza María Teresa Barrientos cuestionó ferozmente el trabajo de 11 años del Ministerio Público, al que acusó de afectar el derecho a la defensa. Así se llegó al fin de un juicio que tuvo 13 testigos fallecidos, 560 audiencias, 219 testigos y más de mil millones de pesos en sueldos públicos asociados.

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