Hasta un mes y siete días antes de posesionarse como magistrado de la Corte Constitucional, el abogado laboralista Héctor Carvajal se desempeñaba como asesor del gobierno en temas pensionales y ejecutaba un contrato por seis meses que le representarían honorarios por cerca de $300 millones como analista de alternativas de regulación en materia de pensiones.

Uno de los contratos los firmó con el Fondo de Pensiones Colpensiones y otros directamente con la Casa de Nariño, pero sus objetos eran similares. En por lo menos uno de sus estudios propuso las fórmulas que luego dieron origen al proyecto de reforma pensional que se convertiría en una de las banderas sociales del presidente Gustavo Petro.

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