**¡El Gobierno Restablece Más de 100.000 Pensiones por Discapacidad!**

El gobierno de Javier Milei ha decidido restablecer más de 119.000 pensiones no contributivas por discapacidad laboral en todo el país. Esta medida se produce tras una orden del juez Guillermo Díaz Martínez, del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, quien había dictado una resolución a favor de los beneficiarios afectados por la suspensión de estos beneficios.

La decisión judicial, que se hizo efectiva a través de la resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) 13901/2025, establece que las pensiones deben ser restablecidas en un plazo de 24 horas. Sin embargo, se aclara que no se reanudarán los beneficios para personas que se encuentren en prisión. La ANDIS ha comenzado a restablecer pensiones, habiendo ya reactivado más de 622 casos donde los beneficiarios demostraron su incapacidad laboral.

El juez Díaz Martínez argumentó que la suspensión de las pensiones era el resultado de una norma inconstitucional y de una ejecución irregular por parte de la Administración. En su fallo, el magistrado destacó que estos derechos son de naturaleza colectiva e individual, y que la situación afectó a un gran número de personas.

Desde el gobierno, se ha informado que la intervención actual de la ANDIS está revisando caso por caso. Se ha encontrado que, desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza, se han detectado irregularidades, incluyendo 27.149 pensiones de personas fallecidas que seguían siendo cobradas y 55.318 beneficiarios que renunciaron a sus pensiones sin demostrar su incapacidad laboral.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ha señalado que el objetivo de la gestión es garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan, evitando desvíos y fraudes. En el Boletín Oficial, se ha publicado que el pago de las pensiones se realizará de acuerdo al cronograma establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

La medida responde a un contexto más amplio, donde se han presentado amparos por parte de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. Estas organizaciones han denunciado que el proceso de auditoría llevado a cabo por la ANDIS carecía de un marco normativo claro y que muchas notificaciones no fueron entregadas adecuadamente, lo que impidió a los beneficiarios ejercer su derecho a la defensa.

El juez también ha exigido que se subsane la falta de una ley que regule las acciones colectivas y ha reconocido la legitimación del Defensor del Pueblo de Catamarca para actuar en representación de los afectados. La situación ha generado un debate sobre la necesidad de garantizar el acceso a los beneficios de manera justa y equitativa para todos los ciudadanos.