Alicia estaba en la universidad cuando se quedó embarazada, pero tenía muy claro que no quería –y sigue sin querer– tener hijos. Por eso, no le costó demasiado tomar la decisión de abortar. “Estaba convencida, no tenía donde caerme muerta y mi pareja de entonces no era la más adecuada. Era inviable”, sostiene. La sorpresa llegó cuando al acudir a su centro de salud le dijeron que tenía que salir de Jaén, donde residía, para interrumpir su embarazo. Una derivación a una clínica concertada de Granada y un billete de ida y vuelta en autobús pagado con el poco dinero que tenía le permitieron llevarlo a cabo. Han pasado 11 años desde entonces y para muchas mujeres en España sigue siendo imposible abortar donde viven.

Así lo atestigua, al menos, el último informe sobre interrupción del embarazo hecho público hace unas semanas por el Ministerio de Sanidad, en el que hasta 12 provincias no notificaron ningún aborto en 2024. Son Jaén en Andalucía, Toledo, Cuenca y Guadalajara en Castilla-La Mancha; Huesca y Teruel en Aragón; Palencia, Segovia, Ávila, Zamora y Soria en Castilla y León y Cáceres en Extremadura. Tampoco en Ceuta y Melilla se practicaron abortos en 2024, según la estadística.

Esto no significa no haya mujeres que no hayan decidido interrumpir su embarazo en estos lugares, sino que, al igual que le pasó a Alicia en 2014, son obligadas a viajar para hacerlo. De hecho, los datos de Sanidad –a la que las propias autonomías remiten la información– permiten saber que 4.636 mujeres que vivían en esta docena de provincias abortaron el año pasado, a las que hay que sumar las 14 ceutíes y 151 melillenses. Pero para ello fueron derivadas fundamentalmente a clínicas privadas de otras ciudades con las que la administración concierta el servicio, que es la forma en que se aborta en España en el 79% de los casos.

Lo que ocurre es que las provincias que no hacen abortos no han incorporado la prestación a sus centros públicos a pesar de que la ley lo establece como regla general y “tampoco hay clínicas privadas acreditadas” para practicarlos en esos territorios, explica Gema Fernández, directora legal de la organización Women's Link. “Esto tiene como resultado que las mujeres no pueden ejercer el derecho en su territorio, lo que tiene costes económicos y emocionales evidentes”, añade la experta, que lleva casos de discriminación en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos.

“Falta de voluntad”

Rocío Blanco, portavoz de la Plataforma por los derechos de las mujeres de Palencia, explica que actualmente las palentinas deben abortar en Valladolid, adonde también van las de Zamora. “Son 45 kilómetros desde la ciudad, pero las mujeres que viven en el norte de la provincia tienen que hacer a veces 150 kilómetros para llegar”, apunta Blanco. “El aborto no es algo que las mujeres hagan por darse un paseo y les están haciendo salir de su casa, de su ambiente y de su entorno para ello”, denuncia Conchi Trufero Hervella, secretaria de igualdad de UGT-Servicios Públicos en Castilla y León.

15 años lleva la organización Feministas 8M de Jaén “acudiendo absolutamente a todas las instancias posibles” para intentar “que la ley se cumpla como debe” en la provincia, señala Juana Peragón, portavoz del colectivo. La mayoría de las mujeres son derivadas para abortar “a provincias limítrofes”, pero en algunos casos esto conlleva “casi tres horas de viaje” para quienes viven en la sierra norte de la provincia. La situación llegó al Defensor del Pueblo Andaluz, que exigió el derecho de las jiennenses a la interrupción del embarazo “en condiciones de igualdad respecto al resto de andaluzas” y formuló reclamación ante el Servicio Andaluz de Salud.

En la resolución, este informó al organismo de que los abortos por motivos médicos ya “se llevan a cabo” en la provincia, en concreto en el Hospital Universitario de Jaén, que, según varias informaciones , hizo en 2023 tres de este tipo. Sin embargo, el centro sanitario andaluz no aparece en el último informe del ministerio –qué desglosa cada año qué hospitales o clínicas notificaron abortos–, a pesar de que 35 mujeres residentes abortaron por riesgo para la vida o malformación. Preguntado el Ministerio de Sanidad sobre esta posible contradicción, apunta a que “todos los abortos deberían estar notificados” y los datos “son los que envían” las comunidades. La Consejería de Salud, por su parte, no ha respondido de momento a este medio.

Con todo, desde Feministas 8M lo consideran “anecdótico” y ponen el foco en la “falta de voluntad” para que los abortos a petición de la mujer, los de menos de 14 semanas, se realicen en la provincia. De hecho, el Servicio Andaluz de Salud también informó al Defensor del Pueblo de que estas intervenciones no se llevan a cabo en ningún centro del territorio debido “a la dificultad de recursos profesionales, materiales, organizativos y técnicos” asociada “al derecho a la objeción de conciencia”, según figura en el escrito. “En Jaén no se puede abortar libremente de ninguna manera, ni en la pública ni en la privada”, insiste Peragón.

La situación se repite en Castilla-La Mancha, donde las mujeres que viven en Toledo, Cuenca y Guadalajara tienen que irse fuera, o bien a Madrid o a dos clínicas privadas de Albacete y Ciudad Real. En estos casos, es para todos los tipos de abortos, también aquellos en los que corre riesgo la vida de la mujer embarazada o del feto. Por eso, a finales de septiembre las capitales castellanomanchegas acogieron concentraciones coordinadas para denunciar “el incumplimiento” de la ley, según Amnistía Internacional, una de las convocantes.

El parapeto de la objeción

La objeción de conciencia generalizada es el argumento que han puesto sobre la mesa habitualmente las comunidades para evitar asumir los abortos en los centros de la red sanitaria pública. Sin embargo, la reforma de la ley de 2023 tiene la voluntad de impulsar un cambio de modelo y, para ello, es necesario el registro de objetores que ha estado en la actualidad en las últimas semanas después de que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se negara a ponerlo en marcha. La idea es precisamente que quienes objetan se apunten al registro y así se puedan organizar los servicios y evitar que, como ocurre en varias autonomías, los abortos en la pública no lleguen al 1%.

La cuestión es que sin el registro es difícil dimensionar la objeción de conciencia porque el hecho de que haya que apuntarse y firmar puede hacer que, en realidad, haya menos de los que se presupone. Es algo que piensan médicos, expertas y quienes en estas provincias llevan años intentando saber qué está ocurriendo con el derecho. “Aunque se diga habitualmente, yo no tengo muy claro que todos los médicos sean objetores. Otra cosa es que no se atrevan a llevar la contraria a jefes de servicio que sí lo son o que no quieran exponerse”, resume Conchi Trufero desde Zamora.

Un precedente en este sentido dejó sentenciado el Tribunal Constitucional en 2023, cuando falló a favor de una mujer murciana representada por Women's Link que había sido obligada a ir a Madrid para abortar. Los magistrados resolvieron que los servicios públicos no pueden hacerlo “si no hay motivos excepcionales que lo justifiquen”, algo que en el caso examinado no se dio. Aunque el servicio de salud murciano hacía alusión a que ningún médico “había pedido practicar abortos” en la comunidad, el tribunal entendió que eso no podía eximirles porque no ejercieron su derecho a la objeción de conciencia “anticipadamente y por escrito”, es decir, mediante el registro de objetores.

La Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos lleva años monitorizando lo que denomina “la inequidad de acceso territorial” al aborto, a pesar de que la ley estipula que las mujeres deben acceder a él “en condiciones de igualdad efectiva”. “Hablamos de una intervención que en la mayoría de los casos es de muy baja complejidad, no es comparable con otras situaciones médicas graves a las que igual no es posible acceder en todos los territorios. Además, si una mujer puede hacer un seguimiento de embarazo y un parto en un centro sanitario, no hay excusa para no poder abortar en condiciones de proximidad”, esgrime Silvia Aldavert, coordinadora de la asociación, que reclama “al menos” un centro por provincia en el que poder abortar.

En todo caso, la falta de datos que permita hacer una radiografía general de cuántas mujeres deben viajar para abortar es otra de las cuestiones a las que hacen referencia las expertas. Porque a las que viven en las provincias que no notifican ningún aborto hay también que sumarles aquellas que residen en lugares que hacen una parte de los abortos y otros no. Por ejemplo, en Burgos solo se hacen las interrupciones con el método farmacológico y si la mujer elige el quirúrgico debe dirigirse a Madrid.