La Municipalidad de Santiago de Surco ha decidido presentar una denuncia ante la Comisión de Ética del Congreso contra la congresista María Acuña. Esta acción se debe a las agresiones reiteradas que han sufrido sus trabajadores por parte de personas vinculadas a la legisladora. El último incidente ocurrió el jueves por la tarde en el parque 17 de la urbanización Los Álamos de Monterrico, donde los servidores municipales fueron atacados mientras realizaban labores de recuperación de espacios públicos.
Según el informe oficial, los trabajadores de las áreas de Obras, Mantenimiento del Ornato y Parques y Jardines fueron agredidos con ladrillos, fierros y otros objetos contundentes lanzados desde la vivienda de Acuña. Además, sufrieron empujones y amenazas. La Municipalidad ha indicado que estos actos violentos han sido grabados en videos que serán entregados a las autoridades competentes para su evaluación.
Este no es un caso aislado. La Municipalidad recordó que el 11 de octubre también se registró un ataque similar desde la misma vivienda, lo que sugiere un patrón de agresiones sistemáticas contra los funcionarios que cumplen con su deber. La administración municipal, liderada por el alcalde Carlos Bruce, ha expresado su firme compromiso con la defensa de sus trabajadores, quienes no deben ser objeto de violencia ni intimidación.
La denuncia también señala que la congresista Acuña está involucrada en la invasión de un área pública en la urbanización Los Álamos de Monterrico. Se alega que ha cercado 118 metros cuadrados de un parque para anexarlos a su propiedad privada. En julio, un levantamiento topográfico confirmó que la vivienda de Acuña se extiende irregularmente sobre el parque 17, con un faltante de 66 metros cuadrados que aún ocupa de manera ilegal.
La congresista ha calificado de "abusos" los operativos municipales y ha defendido que el terreno fue adquirido en esas condiciones a su anterior propietario, argumentando que la construcción data de hace más de 50 años.
La Municipalidad de Surco también ha informado que la Procuraduría Pública Municipal procederá a denunciar ante el Ministerio Público por presuntos delitos de violencia, resistencia a la autoridad y tentativa de homicidio. Los hechos ya han sido reportados en la Comisaría de Monterrico, donde las víctimas han brindado su testimonio y se han iniciado las diligencias correspondientes.
La administración municipal ha solicitado que se tomen medidas legales y éticas para proteger a sus trabajadores, enfatizando que las agresiones documentadas constituyen una amenaza directa al normal desenvolvimiento de la función pública. La Comisión de Ética del Congreso evaluará la denuncia para garantizar el cumplimiento de las normas de conducta parlamentaria, pudiendo recomendar sanciones que van desde amonestaciones hasta la desafiliación del congresista involucrado.

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