El Congreso de la República del Perú ha aprobado el Proyecto de Ley 12723/2025-CR, que establece un sistema de control financiero sin precedentes para combatir la extorsión y el sicariato. Esta ley obligará a bancos, cajas y cooperativas a monitorear los movimientos de dinero que puedan encubrir pagos extorsivos, utilizando términos como “cupo”, “vacuna” o “aporte”.

La medida forma parte de un paquete extraordinario de prevención contra la criminalidad, impulsado por la Comisión de Defensa Nacional del Congreso. Esta iniciativa surge tras un aumento en las denuncias sobre amenazas y cobros ilegales en Lima, Callao y otras regiones del país.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) será la encargada de verificar que las entidades financieras detecten y reporten transacciones irregulares, tanto en efectivo como a través de transferencias y billeteras digitales, especialmente aquellas vinculadas a denuncias de extorsión.

La ley también establece que los bancos deben identificar pagos inusuales que aparenten ser aportes o servicios, pero que en realidad provengan de bandas criminales. Para fortalecer el control, la Policía Nacional del Perú proporcionará a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) acceso en línea a su base de datos de personas denunciadas por extorsión y sicariato. Esto permitirá un cruce de información en tiempo real.

Los reportes elaborados por la UIF serán enviados al Ministerio Público, que podrá solicitar medidas cautelares o el congelamiento de cuentas ante el Poder Judicial, en el marco de la ley de pérdida de dominio. El objetivo de esta normativa es “asfixiar económicamente” a las redes criminales que operan bajo fachada comercial, rastreando su flujo de dinero y limitando su capacidad de financiamiento.

La SBS ha respaldado la medida y ha propuesto ajustes para que el monitoreo también incluya remesas internacionales y transacciones interbancarias, abarcando a personas naturales con operaciones sospechosas.

Además del control financiero, la ley contempla la creación de un fondo de riesgo y garantía estatal para proteger a empresas y trabajadores del transporte que sean víctimas de extorsión. Este fondo cubrirá daños a unidades y brindará apoyo económico a quienes pierdan su fuente de ingresos debido a la violencia criminal.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acreditará rutas seguras equipadas con cámaras y botones de pánico conectados al sistema C5i. La Policía Nacional actualizará cada 30 días los mapas georreferenciados de zonas de riesgo.

Finalmente, se implementarán capacitaciones para conductores, cobradores y empresarios del sector, con el fin de promover una cultura de denuncia segura y reducir la tolerancia social hacia los cobros ilegales.

Esta nueva ley representa un esfuerzo significativo en la lucha contra la extorsión económica en Perú, buscando proteger a los ciudadanos y fortalecer la seguridad en el transporte público y de carga.