El representante a la Cámara Alejandro Toro interpuso ante el Tribunal Administrativo de Antioquia una demanda de nulidad contra la ordenanza que dio origen a la denominada “tasa de seguridad” en el departamento . Según el congresista, esta medida constituye un cobro arbitrario, sin sustento legal, que afectará a más de 580 mil familias y empresas antioqueñas.

Toro sostuvo que el Gobernador de Antioquia y la Asamblea Departamental excedieron sus competencias al aprobar un tributo que no les corresponde , y con el cual se pretende recaudar más de un billón de pesos entre 2025 y 2027.

“Mientras hablan de seguridad, en realidad están violando la Constitución, desconociendo la ley y asfixiando a la gente” , expresó el representante.

Tres argumentos centrales de la demanda

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