El partido de Puigdemont encara el nuevo ciclo electoral en modo de pánico por el trasvase de votos a la xenófoba Aliança Catalana y eleva el tono de su eterna amenaza al Gobierno, que trata de alejar la idea de un cambio de ciclo

Junts someterá a consulta de la militancia la decisión de la cúpula sobre la ruptura con el PSOE

Una advertencia grandilocuente que, por ahora, no implica desalojar a Sánchez de la Moncloa y cuyo impacto, por tanto, resulta difícil calibrar. El último órdago de Junts al Gobierno suena en realidad al de tantas veces desde las elecciones generales de 2023, cuando las urnas le dieron a Carles Puigdemont la llave de la legislatura y el expresident decidió convertir ese poder en un chantaje político perenne. Pero los independentistas catalanes aseguran que esta vez es diferente y este lunes el partido decidirá si rompe definitivamente con el PSOE, tal y como algunos dirigentes defienden, y, por tanto, dinamita la legislatura. La decisión que adopte la cúpula se someterá a votación de la militancia en una fecha próxima, pero aún sin concretar.

En plena zozobra por la fuga de votos a la xenófoba Aliança Catalana que señalan todas las encuestas, la estrategia ahora pasa por escenificar una escalada en el choque con el PSOE. Y el primer paso para redoblar la presión es la mencionada consulta a la militancia para que se pronuncie sobre una ruptura definitiva. La duda es la de siempre: hasta dónde están dispuestos a llegar en Junts para hacer realidad esa ruptura. Y, por ahora, vuelven a enfriar la posibilidad de unir sus votos al PP y a Vox para una moción de censura que tumbe al Ejecutivo.

“Hoy el escenario no es ese”, sostienen en el grupo parlamentario, donde se desmarcan de la propuesta de su vicepresidente, Toni Castellà, de impulsar una “moción de censura instrumental” con un candidato independiente que se comprometa a convocar elecciones. Un plan rocambolesco al que no otorgan viabilidad ni en el PP ni en buena parte de la dirección de Junts.

Sin embargo, lo que advierten los de Puigdemont es que si no se producen cambios sustantivos “en la forma de hacer política” del PSOE, los cambios los harán ellos. “Cambiaremos nuestra forma de hacer política en el Congreso”, señalan los independentistas. “Tendrán que explicar ellos lo que quieren decir con esa advertencia”, reaccionaban en el PSOE tras el aviso de Míriam Nogueras a Pedro Sánchez respecto a “la hora del cambio”. Cuestionados por sus reclamaciones al Gobierno, en Junts ponen ahora el foco en la agenda antiinmigración, con medidas como la ley 'antiokupación', la de multirreincidencia o la delegación de competencias migratorias, en sintonía con su competencia electoral de Aliança Catalana.

Lo que explican fuentes parlamentarias de Junts es que sin llegar a dar el paso de la moción de censura, a la que hasta ahora no se han atrevido, pueden pasar a comportarse de manera sistemática como una fuerza más de oposición que una sus votos en las votaciones del Congreso a los de PP y Vox para hacer inviable la legislatura y tumbar cualquier iniciativa legislativa del Gobierno. En realidad, ya lo hacen a menudo en votaciones como la reducción de la jornada laboral, recientemente, o anuncian que harán en la futura tramitación de los Presupuestos.

Gestos del Gobierno a Puigdemont

El ultimátum de Junts parece no inquietar excesivamente al Gobierno, que recibió la primera advertencia de Míriam Nogueras como una más de las que ese espacio hace desde el inicio de la legislatura y, especialmente, desde la vuelta del verano. En el Ejecutivo trataron de desdramatizar la situación y el propio Sánchez pidió “tiempo” a los de Puigdemont después del aviso lanzado por Nogueras en el Congreso.

“Este es un Gobierno que quiere y aspira a cumplir con los compromisos con Junts”, afirmó antes de recordar que algunas de las medidas no solo dependen de la coalición sino de la voluntad de otros países, como es la oficialidad del catalán en la UE, o de otros partidos, como ocurre con las medidas antiinmigración que cuentan con el rechazo de Podemos o ERC. De ahí que pidan a los socios, especialmente a Podemos y Junts, que dialoguen entre ellos.

El mensaje de Sánchez fue prácticamente el mismo tras el anuncio de Puigdemont de someter a consulta entre la militancia la decisión de cómo abordar la relación con los socialistas a partir de ahora. “Respeto el funcionamiento interno de cualquier partido”, dijo el presidente en una rueda de prensa en Bruselas en la que mantuvo la puerta abierta a reunirse con Puigdemont “cuando toque”, sin precisar cuál será el momento idóneo para hacerlo. Pero esa foto es ‘caza mayor’ y no se espera a cambio de nada.

En plena presión, Sánchez consiguió hacer un gesto justo antes de la reunión de la ejecutiva de Puigdemont del lunes al lograr que Alemania acepte “abrir un diálogo” sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la UE, uno de los compromisos suscritos por los socialistas a cambio de la investidura de Sánchez. Aunque no supone el ‘sí’ de ese país, que matizó posteriormente que no ha cambiado su rechazo a ampliar el catálogo de idiomas oficiales de la UE, en Moncloa confían en que Junts aprecie el “paso importante”.

Sánchez: “Nosotros a seguir gobernando”

La que ha hecho algo más de autocrítica es la vicepresidenta, María Jesús Montero, que admitió la “necesidad de intensificar el diálogo” con la formación independentista mientras que Pedro Sánchez obvió el tema en un mitin este domingo en el que arremetió contra el PP y dejó clara su intención de seguir adelante con la legislatura: “Frente a la parálisis de otros, nosotros a seguir gobernando y a seguir avanzando”.

La sensación general que transmite el Ejecutivo es de tranquilidad y no de fin de ciclo. “Tomarán decisiones, nos meterán presión, pero ya está”, dice una persona del núcleo duro del presidente, que no ve mayor gravedad en la actual situación que lo que venía ocurriendo hasta ahora.

En Moncloa creen que el hecho de que no haya números para tumbar al Gobierno es oxígeno para que Sánchez pueda seguir escribiendo su manual de resistencia. “No va a haber una moción de censura”, aseguran fuentes gubernamentales, que ven imposible que Junts sume sus votos a los de PP y Vox. “Lo que no tiene solución, no es un problema”, expresa un dirigente socialista.

Disipada la amenaza de un 'game over', lo que sostienen en Moncloa es que, a pesar de la difícil aritmética parlamentaria, han sacado adelante 44 normativas en lo que va de legislatura y que ganan el 90% de las votaciones en el Congreso. Y consideran que eso seguirá siendo así en el día a día, aunque sea sin seguir a pies juntillas el acuerdo de investidura.

“Contamos seguir sin Presupuestos. No vamos a ir a elecciones porque no haya Presupuestos”, dice una fuente gubernamental sobre la continuidad de la legislatura, que intenta ejemplificar por qué el Gobierno va a seguir, aunque sea en minoría. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará los Presupuestos para exponer un proyecto de gasto expansivo y social. El primer paso, que es la aprobación de la nueva senda de déficit, se espera para los próximos días. Lo que no aclaran en el Ejecutivo es hasta qué punto de la tramitación llegarán, dado que exponerse a una derrota parlamentaria y a una trifulca con los socios no es la mejor carta de presentación, y mucho menos para Montero a las puertas de las elecciones en Andalucía.

Lo que sentó peor en las filas socialistas es el pulso echado por Sumar al meter presión con la crisis de la vivienda. Frente a toda la presión externa, mediática, parlamentaria o judicial, lo que rechazan en el equipo de Sánchez son los errores no forzados. Y lo que creen es que las críticas a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, desvirtúan el foco que, a su juicio, debería estar en el incumplimiento de la ley de vivienda por parte de las autonomías del PP y dan munición a la derecha.

“Nos estamos tomando en serio la política de vivienda, también me gustaría que las comunidades autónomas hicieran lo mismo”, respondió Sánchez este jueves a una pregunta sobre la crisis desatada en el seno de la coalición desde Bruselas, donde pidió a la UE medidas para frenar la compra especulativa y fondos para la construcción de vivienda protegida.