Los consejeros elegidos a iniciativa del PSOE responsabilizan a la presidenta Isabel Perelló por alinearse con la mayoría conservadora y acusan al vocal Carlos Hugo Preciado de deslealtad y de buscar "mantener y ganar poder" en el órgano de gobierno de los jueces

Las maniobras de choque y bloqueo permiten a la derecha recuperar el control del Poder Judicial

La presidenta Isabel Perelló y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaron la semana pasada junto al grupo conservador un nuevo reparto de poder en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que propicia que ocho de las once comisiones del órgano tengan mayoría conservadora. La situación ha elevado la tensión en el órgano de gobierno de los jueces, donde el grupo progresista apunta a la responsabilidad de Perelló y acusa a Preciado de deslealtad y de moverse únicamente para salvaguardar sus propios intereses. Tras el pleno, el progresista José María Fernández Seijo amenazó con dimitir, aunque sus compañeros de bloque se están movilizando para que lo reconsidere.

elDiario.es entrevista a dos vocales elegidos a iniciativa del PSOE, el exmagistrado del Tribunal Supremo Ricardo Bodas Martín y la doctora en Derecho y profesora titular de la Universitat de Barcelona Argelia Queralt Jiménez.

La presidenta y uno de los vocales elegidos a iniciativa de Sumar, Carlos Hugo Preciado, votaron el pasado jueves un nuevo reparto de poder y ocho de las once comisiones tendrán mayoría conservadora. ¿Qué consideración les merece? ¿A quién hacen responsable de ello?

Ricardo Bodas Martín: El sector progresista tuvo siempre claro que la promoción de políticas que mejoraran el servicio público de la Justicia, que está actualmente bajo mínimos, exigía alcanzar acuerdos con el sector conservador por modestos que fueran. Hicimos una apuesta decidida por el consenso, se trataba de aprender a gobernar en mayoría y en minoría. Lo sucedido esta semana supone una clara ruptura con el consenso para imponer una mayoría de once votos, doce con el voto de la presidencia, que deja fuera de foco a nueve vocales progresistas, que hemos sido desplazados de los centros de decisión real, como la Comisión Permanente.

La responsabilidad de la ruptura del consenso, con la correspondiente quiebra de la gobernanza compartida del CGPJ, ha sido impuesta por el sector conservador, que ha preferido apostar por imponer sus políticas con el apoyo de un vocal que se autocalifica como “progresista independiente”. El voto de este vocal ha supuesto que se le retribuya con puestos decisivos, que ocupa como progresista, aunque no ha sido elegido por el grupo progresista, sino por el grupo conservador con la cooperación necesaria de la presidenta.

Argelia Queralt Jiménez: No creo que haya que apuntar a ninguna persona, pero la presidenta es la encargada de sentar las prioridades políticas de actuación, el funcionamiento del Consejo y, en lo que ahora importa, los órdenes del día y el desarrollo del Pleno. Con las decisiones adoptadas la semana pasada, la presidenta ha dejado claro cuáles son sus preferencias, y, lo más grave, ha visualizado el fin del Consejo del consenso.

Tras cinco años de un Consejo prorrogado teníamos el reto de recuperar la normalidad institucional, reconducir disfunciones y recuperar la credibilidad y confianza. Íbamos con la predisposición de que fuera el Consejo del cambio, de los consensos. Y a ello hemos dedicado muchas horas de trabajo, deliberación, y sí, alguna cesión. Hemos remontado una institución que llevaba años en pésimo estado. Entre los diez vocales de sensibilidad progresista pronto vimos que había uno que exigía una individualidad muy por encima del resto, que decidió unilateralmente no formar parte del grupo. Nueve vocales teníamos el firme compromiso de construir un proyecto común que compartir y debatir con el sector conservador para, entre todos, dotar de contenido político a este Consejo. El vocal Preciado decidió no compartir e ir por su cuenta.

¿Cómo valoran el papel de la presidenta Isabel Perelló en la actual situación? Aunque nunca fue la opción del grupo progresista, al final fue elegida con su apoyo. ¿Fue un error su designación?

Bodas: Un buen responsable es quien une, no quien desune. Lo sucedido la semana pasada acredita que la presidenta ha preterido el consenso y la gobernanza compartida del CGPJ, posicionándose llamativamente por una mayoría de once votos en una alianza atípica entre el sector conservador y un vocal “progresista”. Es un grave error.

El liderazgo se demuestra en las situaciones límite y este ha sido un momento límite en el que se ha quebrado el consenso y la gobernanza compartida, que es la única vía posible para el gobierno del poder judicial. Y se ha hecho en beneficio de una mayoría antinatural, cuyas políticas desconocemos, ya que no han tenido a bien explicarlas pese a que les hemos invitado reiteradamente a debatir en pleno la construcción de un programa de gobierno compartido.

Queralt: A posteriori siempre es muy fácil decir si se ha errado. Perelló no era la opción del sector progresista, que apoyaba a tres magistradas del Supremo y apostaba muy fuerte por dos de ellas: Ana Ferrer y Pilar Teso. Ninguna fue del agrado del grupo conservador, que se cerró en banda. Primero, negando la necesidad de que hubiera una presidenta y, después, ofreciendo como única posibilidad de consenso a Perelló, que fue una propuesta conjunta de los vocales Preciado y José Antonio Montero [conservador].

Pese a haber sido nombrada como magistrada progresista, se ha demostrado que sus posicionamientos son esencialmente corporativistas, que se alinean con el bloque de la derecha y que no hace bandera del feminismo. Cuando fue nombrada creíamos que iba a estar por el proyecto de cambio, de consenso y de definir un modelo de Justicia que, al menos en sus bases, pudiera ser compartido con todos. Creo que la presidenta no ha aprovechado este primer año y que la semana pasada perdió una oportunidad de revalidar su liderazgo.

Uno de sus compañeros, el vocal José María Fernández Seijo, ha amenazado con dimitir ante la actual situación del órgano. ¿Se lo plantean ustedes? ¿Creen que habrá más renuncias?

Bodas: La dimisión de Fernández Seijo, si se materializa, será una pésima noticia para la gobernabilidad del poder judicial, puesto que es uno de los principales activos del Consejo, como le reconocemos propios o ajenos. Se explica porque el pacto antinatural fraguado entre el sector conservador y el vocal Preciado con el apoyo de la presidenta le ha excluido de todos los puestos de responsabilidad propuestos por el grupo progresista. Es una conducta cicatera que no tiene más justificación que sustituirle en la Permanente y en la comisión de Escuela Judicial por el vocal Preciado, quien no es representativo del grupo progresista, como demuestra el apoyo del grupo conservador.

En mi opinión, no es el momento de dimisiones, por lo que descarto mi dimisión y creo que no habrá más renuncias, ya que el grupo progresista se mantiene unido y dispuesto a trabajar por el objetivo que siempre hemos defendido: la mejora del servicio público.

Queralt: Fernández Seijo es un vocal excelente y una persona que se ha convertido en referente de todos los integrantes del grupo progresista. Su honestidad, inteligencia y talla intelectual son extraordinarias. Ha adoptado una decisión por motivos personales porque considera que ha hecho todo lo posible por hacer que este Consejo funcionara, por fortalecer nuestra posición y mantener un diálogo fluido con la presidenta. Pero la presidenta nunca le ha reconocido como un interlocutor válido imponiendo, a cambio, al vocal Preciado como interlocutor con el grupo progresista, mientras que para el grupo se trata de una persona desvinculada por voluntad propia, tras meses de actuar de forma absolutamente desvinculada del grupo progresista.

Ninguno del resto de vocales tenemos intención de apartarnos del órgano porque esto supondría entregar ya definitivamente el órgano al sector conservador y desistir de hacer mejoras en la Justicia que creemos indispensables para que este servicio público recupere la confianza en la ciudadanía que, según los datos, está muy afectada. Pero, además, porque creemos en la elección parlamentaria de los vocales y todas estas maniobras están rompiendo con la representatividad y la pluralidad que supone la elección parlamentaria. La dimisión de más vocales del sector progresista supondría alterar los equilibrios existentes.