El fugaz y cuestionado paso de Eduardo Montealegre por el Ministerio de Justicia, y su accidentada salida, retratan bien lo que ha sido uno de los sellos del gobierno del presidente Gustavo Petro: los resultados precarios, cuando no inocuos, que se derivan de poner los altos cargos públicos al servicio de agendas en las que el bien general termina relegado por el cálculo político, el activismo y, además, los desquites personales.

No es, para nada, Eduardo Montealegre un jurista de pocos quilates. Eso lo diferenciaba claramente de muchos de sus colegas de gabinete, cuya primera relación a profundidad con los delicados temas de sus carteras derivó apenas de sus nombramientos. No. Fue viceprocurador, magistrado de la Corte Constitucional, fiscal general y, finalmente, ministro de Justicia. S

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