El veredicto absolutorio en el “Caso SQM”, acordado por dos votos contra uno y con el voto disidente de la jueza Carolina Paredes, ha generado alta connotación pública. La decisión se basó en tres razones: infracción al principio de correlación entre formalización y acusación, insuficiencia probatoria y vulneración del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Nos detendremos en esta última.

Este derecho, consagrado en tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 14.3.c) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.1), obliga a los tribunales a resolver causas sin dilaciones indebidas. En materia penal, implica actuar el ius puniendi estatal o restablecer la libertad dentro de límites temporales razonables.

Surgen dos preguntas

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