Si los abusos y arbitrariedades de las autoridades se castigaran ejemplarmente, los fiscales José Domingo Pérez y su jefe Rafael Vela ya deberían haber sido enviados a sus casas hace tiempo. Pero sucede todo lo contrario: ellos siguen en sus cargos como si nada pasara y haciéndose las víctimas de un supuesto complot político en su contra.

La semana pasada, el Tribunal Constitucional (TC) —el máximo intérprete de la Constitución— puso en un ridículo monumental a José Domingo Pérez : ordenó al Poder Judicial anular la investigación y acusación contra Keiko Fujimori por el caso Los Cócteles, el proceso más emblemático y politizado que tiene el mencionado fiscal desde hace nueve años.

Esa causa, como siempre lo han señalado renombrados abogados, y en esta columna también se ha dich

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