El imperio de la ley debería aplicarse en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Pero en Colombia esa premisa parece cada vez más lejana. El deficiente funcionamiento de la justicia hace que los abusos cotidianos contra los consumidores pasen inadvertidos o, peor aún, se normalicen. Y mientras tanto, la autoridad encargada de protegerlos —la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)— actúa con una lentitud que raya en la indiferencia.

Los ejemplos sobran. En el sector bancario, el mayor banco de capital brasileño ha sido objeto de cientos de quejas por cobros automáticos e injustificados a sus clientes empresariales: hasta 280.000 pesos mensuales por el uso de su portal, sin aviso ni autorización previa. En muchos casos se trata de cuentas con escasa actividad —una transacción cada

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