El próximo hito en la instrucción del caso contra Cristóbal Montoro y la consultora que él fundó, Despacho Económico, será la resolución del juez respecto a la avalancha de recursos que las defensas presentaron en el Juzgado de Tarragona después de que se levantara el secreto del sumario y trascendieran las imputaciones . La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito en el que rechaza la nulidad de la causa que pretendía la consultora porque la incautación de los correos electrónicos que advirtieron de los posibles delitos se produjo, defiende el Ministerio Público, de acuerdo a la legalidad.

Equipo Económico había presentado un escrito en el que denunciaba una supuesta dilación entre el “hallazgo casual” de los correos y el traslado de esa información por los Mossos d'Esquadra a la autoridad judicial. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, explica en su escrito al juzgado que el contenido presuntamente delictivo de esos mensajes fue trasladado al juez en cuanto se accedió a su contenido, que no fue en el momento exacto en el que se incautaron en una planta gasística de Tarragona.

Los agentes investigaban un presunto delito urbanístico relacionado con la construcción y posterior ampliación de una planta de fraccionamiento de aire en El Morell y el 18 de octubre de 2017pidieron al juez que les autorizase la entrada y registro de dos sedes de la empresa Messer. Con ese auto del juez registraron la empresa y se llevaron toda la documentación, tanto física como en dispositivos electrónicos, que encontraron. Al ponerse a analizarla encontraron un intercambio de correos entre dos directivos de la compañía que apuntaba a un delito de corrupción.

El intercambio databa de diciembre de 2013, cuando dos directivos de Messer Ibérica de Gases S.A. intercambian una serie de correos con el asunto  “Oferta de EQUIPO ECONÓMICO” . En uno de ellos, Rubén Folgado explica a Karl Hauck que se ha servido de su puesto directivo en la asociación que representa a las empresas químicas de Tarragona para contactar con “parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid” lo que considera “una discriminación” contra el sector gasístico, aunque advierte de que esa vía “llevará tiempo”. Y entonces añade: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Si necesitas más detalles no dudes en contactar”.

La fiscal alega que el recurso de Equipo Económico “ignora que no fue advertido en el momento del volcado del material informático, sino tras el análisis de dicho material”. “Por ello –continúa– difícilmente podía Mossos d'Esquadra comunicar su existencia en la práctica de la diligencia de entrada y registro”. Y remata: “Difícilmente se puede poner en conocimiento del juez algo que no se conoce todavía”.

El juez atribuye a Montoro y al resto de los investigados los delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos sin perjudicio de que estos se amplíen.