La nueva legislación, conocida formalmente como Ley de Indulto, regula el otorgamiento del perdón en casos donde existan indicios de injusticia o violaciones a derechos humanos, especialmente hacia mujeres e integrantes de comunidades indígenas.

De la Peña explicó que la iniciativa surgió tras conocer el caso de Beatriz, una mujer rarámuri condenada por homicidio en defensa propia sin haber contado con traducción ni asesoría legal adecuada. “La gobernadora, sensible a su situación, decidió promover una ley que corrija ese tipo de omisiones del sistema”, señaló.

La norma contempla la creación de un comité interdisciplinario que revisará los casos y emitirá dictámenes para que el Ejecutivo estatal determine si procede o no el indulto. El primer expediente en revisión será precisamente el d

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