La nueva Ley de Amparo 2025 aprobada en México introduce modificaciones estructurales a uno de los mecanismos más importantes de defensa constitucional.

José Mario de la Garza , abogado y director del Bufete de la Garza , explicó que los principales cambios se concentran en tres áreas: la suspensión de actos de autoridad, los amparos colectivos y la aplicación retroactiva de la ley.

El primer ajuste elimina la posibilidad de suspensión en casos fiscales, especialmente cuando la Unidad de Inteligencia Financiera ( UIF ) ordena el congelamiento de cuentas bancarias.

Esto significa que si la autoridad considera sospechosa alguna operación, puede bloquear las cuentas y mantenerlas inactivas hasta por tres años , es decir, durante todo el tiempo que dure el proceso judicial.

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