Dos jueces federales han dictado que el Gobierno de Donald Trump debe utilizar miles de millones de dólares en fondos de emergencia para cubrir parcialmente los beneficios de cupones de alimentos en noviembre. Esta decisión se produce en medio del cierre del Gobierno que ya lleva casi un mes, afectando a decenas de millones de estadounidenses. Los fallos, emitidos por los jueces John McConnell en Rhode Island e Indira Talwani en Massachusetts, contradicen la afirmación del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) de que no podía acceder a un fondo de contingencia de 5.300 millones de dólares para ayudar a financiar el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Este programa tiene un costo mensual de entre 8.000 y 9.000 millones de dólares, lo que significa que los fondos disponibles no cubrirán todos los pagos necesarios para noviembre. "No hay duda de que los fondos de contingencia son fondos apropiados que sin duda son necesarios para llevar a cabo la operación del programa", afirmó el juez McConnell. La decisión de ambos jueces se produjo tras una audiencia urgente, donde también se mencionó que el USDA podría acceder a otros 17.000 millones de dólares para cubrir los beneficios de SNAP, aunque esta decisión depende del Gobierno. El Gobierno de Trump se opone a utilizar estos fondos adicionales, argumentando que podría perjudicar otros programas de nutrición infantil. La jueza Talwani indicó que el tribunal ha dejado claro que el Gobierno está obligado a utilizar los fondos de contingencia para el programa SNAP. Sin embargo, advirtió que millones de beneficiarios podrían enfrentar retrasos en la obtención de sus beneficios, que estaban programados para comenzar a distribuirse el 1 de noviembre. El presidente Trump sugirió que el Gobierno podría encontrar fondos para continuar con la ayuda alimentaria más allá de la fecha límite, contradiciendo las afirmaciones anteriores de su administración. "Bueno, siempre hay", dijo Trump al ser preguntado sobre la posibilidad de financiar SNAP. La demanda en Boston fue presentada por fiscales generales y gobernadores demócratas de 25 estados y Washington, mientras que el caso en Rhode Island fue impulsado por una coalición de ciudades, organizaciones sin fines de lucro y sindicatos. A medida que el cierre del Gobierno se prolonga, los tribunales están siendo cada vez más solicitados para intervenir en esta crisis. Los estados han detenido el proceso de emisión de beneficios para noviembre tras recibir una carta del USDA que ordenaba la suspensión. Esto ha generado preocupación sobre el retraso en los pagos, ya que cada estado tiene plazos específicos para enviar la información necesaria para que los beneficios se carguen a las tarjetas de los beneficiarios. La jueza Talwani también planteó la posibilidad de pagos parciales para el próximo mes, dado que el fondo de contingencia no será suficiente para cubrir el monto total de los beneficios.