La Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial, abrió actuación preventiva frente a la grave situación de afectación de derechos fundamentales que enfrenta el Pueblo Arhuaco, luego de constatar en terreno la interrupción de múltiples servicios esenciales.

Durante una visita técnica y de verificación, el Ministerio Público identificó afectaciones críticas en materia de salud, educación, alimentación, agua potable, saneamiento básico y gobernanza comunitaria, derivadas de la suspensión del registro del representante legal del pueblo Arhuaco desde el año 2021, lo que ha generado una parálisis en la ejecución de los recursos públicos y la prestación de los servicios básicos.

Entre las situaciones evidenciadas se recibió información que

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