C IUDAD DE MÉXICO. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará este lunes un proyecto que podría limitar las facultades de investigación y vigilancia de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo , al considerar que algunas de ellas son “invasivas” y vulneran el derecho a la privacidad de los ciudadanos.

De acuerdo con información del periodista Alfredo Maza en el portal Animal Político , la propuesta fue elaborada por la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García , en el marco de la acción de inconstitucionalidad 29/2025 , promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) .

La CNDH impugnó diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Quintana Roo , publicada el 10 de enero de este año por la gobernadora Mara Lezama Espinosa , al considerar que otorgaba “facultades indebidas” a la dependencia, entre ellas la posibilidad de solicitar la geolocalización en tiempo real de personas y la intervención de comunicaciones privadas .

El proyecto del ministro Guerrero advierte que esta habilitación resulta “desmedida”, ya que deja a discreción de la autoridad el uso de dichas herramientas sin una regulación clara ni límites precisos, lo que podría derivar en actos arbitrarios.

“Se trata de una habilitación desmedida, pues queda a discreción de dicha autoridad el empleo de la figura sin una regulación específica… lo cual confiere a la autoridad facultades discrecionales que potencialmente podrían dar lugar a actuaciones arbitrarias”, señala el documento citado por Animal Político .

El ministro propone que la fiscalía solo pueda solicitar la intervención de comunicaciones y la geolocalización cuando se trate de delitos graves o situaciones de urgencia, y que no se delegue esa facultad a personal de menor jerarquía.

Además, plantea que el Congreso local de Quintana Roo invadió atribuciones federales al incluir en la ley medios de apremio en materia penal y un régimen de responsabilidades administrativas sin definir su alcance ni las autoridades competentes para aplicarlo.

De ser aprobado por al menos seis votos, el proyecto invalidaría varios artículos de la legislación estatal para imponer límites estrictos a las facultades de vigilancia de la Fiscalía Anticorrupción.

La discusión del caso está programada como el cuarto punto del orden del día de la sesión pública del Pleno de la Corte del lunes 3 de noviembre.

“El ejercicio de esta atribución no busca confrontar a las instituciones, sino consolidar y preservar el Estado de derecho, defendiendo la Constitución y los derechos humanos”, precisó la CNDH en su acción legal. (Ver información completa de  Alfredo Maza en Animal Político )