Este lunes arranca el juicio del año. Álvaro García Ortiz va a ser el primer fiscal general del Estado que se convierta en la historia de España en acusado en un proceso penal. No obstante, por su cargo podrá no sentarse en el banquillo de los acusados y sí hacerlo con toga al lado de su defensa –que ejerce la Abogacía del Estado– y la Fiscalía, que también le respalda. OKDIARIO recopila la cronología que le acorrala como presunto filtrador de un email para combatir al novio de Isabel Díaz Ayuso.

La cronología de la noche del 13 de marzo de 2024 revela un dato crucial para el juicio contra Álvaro García Ortiz: ningún medio de comunicación publicó extractos literales del primer correo del abogado Alberto González Amador hasta después de que el fiscal general tuviera en su poder la cadena completa de emails.

Aunque varios periodistas dicen que conocieron la información sobre las negociaciones de fiscal y abogado pro dos delitos fiscales, sólo tras las 21:59 horas —momento en que García Ortiz recibe el documento— comenzaron a aparecer publicaciones con el texto entrecomillado del correo del 2 de febrero.

El teniente coronel Antonio Balas , responsable del informe de la UCO también en este caso, estableció ante el juez instructor una distinción esencial durante su comparecencia en el Tribunal Supremo el pasado 16 de mayo. Cuando la Abogacía del Estado intentó desacreditar el informe de la Guardia Civil señalando que una cadena de televisión ya había publicado información sobre el pacto a las 22:10 horas, Balas respondió con contundencia: «Pudo haber alguna comunicación, o verbal o de alguna forma, pero se ve que no tiene el correo».  El agente destaca que la información que se dio a conocer no era precisa: el periodista no sabía todos los detalles que aparecen en los correos por lo que no tenía copia de ese material.

El mando de la UCO explicó las imprecisiones en aquella primera publicación. «El correo no decía que se admiten dos delitos fiscales y el de falsedad documental. Luego hay una imprecisión, es claro que no tiene el correo», declaró ante el instructor Ángel Hurtado.

La secuencia temporal resulta clara. A las 21:59 horas del 13 de marzo, García Ortiz recibe en su cuenta personal de Gmail –no su cuenta oficial– el correo que la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez , le había prometido minutos antes por WhatsApp. A las 22:10 horas, una cadena de televisión publica en su web que «la pareja de Ayuso ofreció un pacto a la Fiscalía para admitir dos delitos fiscales», pero el correo no decía que se admiten dos delitos fiscales y el de falsedad documental. Luego hay una imprecisión, es claro.

El cambio cualitativo se produce a las 23:51 horas. La Ser publica entonces una información con extractos literales del email que el abogado Carlos Neira envió el 2 de febrero a la Fiscalía de Delitos Económicos. Han transcurrido exactamente 112 minutos desde que el fiscal general tuvo acceso a los primeros emails.

Balas subrayó otro elemento incriminatorio en la pieza de la Ser : «En la noticia también se afirmaba que ‘la Fiscalía de Madrid prepara un comunicado al respecto que será publicado en las próximas horas’». Una anticipación que efectivamente se cumplió cuando, a las 10:22 del día siguiente, la Fiscalía Provincial difundió su nota informativa. Queda claro que el periodista había hablado con el Ministerio Público.

Los testimonios de varios periodistas ante el Supremo confirman que la existencia de negociaciones entre González Amador y la Fiscalía era conocida en diversas redacciones. Un redactor de un digital declaró haber recibido documentación completa del caso el 6 de marzo. El de la Ser aseguró haber examinado el correo «pasados unos minutos de las tres y media de la tarde» del 13 de marzo.

Pero el juez Hurtado no consideró estos testimonios suficientes para impedir el procesamiento. La UCO había establecido que estos periodistas manejaban «información verbal» o habían visto documentos , pero no publicaron el texto literal hasta después de las 21:59 horas.

El quid de la acusación se centra en un aspecto técnico pero determinante: la diferencia entre conocer la sustancia de las negociaciones y disponer del texto literal de los documentos –tanto el primer mail que llegó a una cuenta genérica con acceso a muchas personas como los intercambios del abogado con el fiscal del caso, Julián Salto– .

La Fiscalía General argumenta que el correo del 2 de febrero ya había perdido su carácter secreto cuando García Ortiz lo recibió, dado que múltiples personas habían tenido acceso a él desde su envío al buzón genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos.

La defensa del fiscal general subraya que otras personas pudieron ser la fuente de la filtración: funcionarios con acceso al correo corporativo, diversos cargos del Ministerio Público o el propio González Amador y su entorno.

El auto de procesamiento, sin embargo, se apoya en la estrecha ventana temporal entre la recepción del documento por García Ortiz y su publicación entrecomillada en la Ser . La UCO concluyó que el fiscal general tuvo una « participación preeminente en los hechos que, finalmente, derivaron en la filtración investigada».

El juicio, que arranca este lunes 3 de noviembre, deberá dilucidar si esos minutos constituyen prueba bastante para condenar al fiscal general por revelación de secretos. Siete magistrados escucharán decenas de testimonios para determinar si la cronología es suficientemente incriminatoria o si, como sostiene la defensa, el carácter del supuesto secreto —un documento conocido por múltiples fuentes antes de llegar a García Ortiz pero que no había visto la luz en prensa— impide considerar que existiera una auténtica filtración punible.