En un nuevo golpe judicial que sacude al núcleo del Gobierno de Pedro Sánchez , el Tribunal Supremo ha dictado auto de procesamiento contra José Luis Ábalos , su exasesor Koldo García Izaguirre y el empresario Víctor de Aldama , en el marco de la conocida “trama de las mascarillas” . El magistrado instructor Leopoldo Puente , que encabeza la investigación de la presunta red de corrupción institucional , ha concluido la instrucción de la causa penal abierta por el sobrecoste de material sanitario adquirido por el Ministerio de Transportes durante la emergencia de la COVID-19 .

El proceso judicial, adelantado por El Debate y confirmado por fuentes jurídicas consultadas por Alerta , abre la vía para que los tres investigados se sienten formalmente en el banquillo de los acusados del Supremo, amparados en la condición de aforado del exministro Ábalos, que arrastra a sus presuntos colaboradores ante la jurisdicción especial.

Del asesoramiento a la connivencia lucrativa

En su auto de procedimiento abreviado , el magistrado Puente atribuye a los tres implicados la comisión de graves delitos: cohecho , malversación de caudales públicos , tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal . Según el relato judicial, la relación entre los acusados se fraguó a través del entorno más cercano del entonces ministro: fue el hermano del empresario Víctor de Aldama —escolta de Ábalos— quien facilitó el contacto inicial con Koldo García .

La instrucción detalla cómo el entramado corrupto comenzó a consolidarse desde 2019, cuando, ya con Ábalos en el Gobierno, De Aldama fue implicado en funciones informales para el Ministerio, incluidas gestiones en el extranjero. Esta colaboración, aparentemente inocua, se transformó rápidamente en un “concierto de voluntades” para aprovechar el cargo público con fines privados .

“Los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el Sr. Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer la contratación con la Administración Pública [...] a cambio de comisiones económicas que serían compartidas”, expone el auto del juez Puente.

Pagos encubiertos y contratos simulados

El caso incluye un intento de encubrimiento a través de un contrato ficticio : un arrendamiento con opción a compra de un inmueble en el Paseo de la Castellana, propiedad de De Aldama, a nombre de José Luis Ábalos. El contrato estipulaba un pago anual de 30.000 euros y una opción de compra por 750.000 euros , que nunca fue ejecutado ni abonado. El inmueble, según el magistrado, “jamás fue habitado” por el exministro.

De forma paralela, el juez detalla que De Aldama entregaba mensualmente 10.000 euros en efectivo a Koldo García , cantidad que —según el auto— era repartida posteriormente entre García y Ábalos , en ocasiones, “en presencia directa” del exministro. Estos pagos se habrían prolongado al menos hasta 2021, constituyendo uno de los mecanismos financieros de la trama comisionista .

Próxima fase: apertura de juicio oral o sobreseimiento

Concluida la fase de instrucción, el magistrado ha dado traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones populares para que, en el plazo de diez días, formulen acusación , soliciten el sobreseimiento o propongan diligencias complementarias . Si se solicita apertura de juicio oral, los acusados enfrentarán un proceso por una de las tramas más graves de corrupción pública detectadas durante la gestión de la pandemia.

El avance de esta causa suma una nueva pieza judicial al caso Koldo , del que se han desprendido otras investigaciones sobre financiación irregular del PSOE , uso de fondos públicos y colocación de allegados en empresas estatales. La causa ha escalado hasta las más altas esferas del poder político y amenaza con erosionar aún más la credibilidad institucional del Ejecutivo .