El gobierno de Perú ha decidido romper sus relaciones diplomáticas con México tras confirmarse que la ex primera ministra Betssy Chávez ha obtenido asilo político en la embajada mexicana en Lima. Esta decisión fue anunciada por el canciller Hugo de Zela en una conferencia de prensa, donde calificó la acción del gobierno mexicano como un “acto inamistoso” que atenta contra la soberanía peruana.

De Zela expresó su sorpresa y profundo pesar al enterarse de que Chávez, quien enfrenta un proceso judicial por su supuesta participación en el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, se encuentra refugiada en la legación mexicana. La exfuncionaria está acusada de rebelión y conspiración, y tiene una orden de prisión preventiva de 18 meses.

El canciller también acusó a México de intervenir en los asuntos internos de Perú, tanto durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como en la actual administración. Según De Zela, las autoridades mexicanas han intentado “construir una realidad paralela” sobre los eventos de 2022, presentando a los involucrados en el golpe como víctimas de persecución política. Además, criticó las declaraciones recientes de la presidenta mexicana, quien habría afirmado que Castillo y Chávez son perseguidos políticos, calificando esa postura de “falsa e inaceptable”.

A pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas, el ministro aclaró que los servicios consulares no se verán afectados. Las embajadas suspenderán su representación política, pero continuarán atendiendo trámites de ciudadanos de ambos países. De Zela también mencionó que, aunque el asilo está contemplado en la Convención de Caracas de 1954, México aún no ha enviado la notificación formal que inicia el procedimiento legal.

Este giro en las relaciones diplomáticas se produce en un momento crítico, ya que se acercan los alegatos finales del juicio oral contra Chávez, quien no ha asistido a las últimas audiencias. Su abogado, Raúl Noblecilla, indicó que no ha podido contactarla y advirtió que el tribunal podría ordenar su captura si continúa ausente. La Fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Chávez, quien ha negado conocer el plan de Castillo para disolver el Congreso.

De Zela lamentó que la postura de México haya llevado a un quiebre en una relación que anteriormente era “fraternal”. Con esta decisión, Perú se convierte en el único país de la región que rompe vínculos con México por el caso de Castillo y su círculo cercano, afirmando que la medida era inevitable ante la “persistente injerencia” del gobierno mexicano.