La Ley Contra la Extorsión aprobada por la Cámara de Diputados sería la respuesta que esperan los mexicanos ante el crecimiento de un delito que aumenta 58% en los últimos 6 años y engulle pequeños empresarios, comerciantes, transportistas y familias enteras.

La intención puede ser buena, pero no hay resultados. La ley pretende ayudar a las víctimas de este ilícito, pero difícilmente lo logrará pues su diseño riñe con este objetivo.

La extorsión es un delito extendido, que asfixia a múltiples regiones del país. Son redes que incluye funcionarios de los diversos niveles y poderes; centros penitenciarios, múltiples autoridades y criminales.

La oposición expuso el asunto: “¿Por qué bajan la sanción al funcionario que omite y favorecen al extorsionador?”

La respuesta, un argumento jurídico

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