Poco a poco, y al calor de la disputa de los votos rurales entre PP y Vox , la caza ve cómo su agenda avanza. En solo unas semanas, el sector ha visto que podrá hacer monterías en Monfragüe, así como que el Partido Popular ampara extender algo similar en más parques nacionales y pide sacar al lobo del listado protegido para que los cazadores puedan contar la especie entre sus trofeos.

El 31 de octubre pasado, la Real Federación Española de Caza se vio con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para tratar la posible derogación de la prohibición de cazar en los parques nacionales. Mantener la caza comercial en esos espacios es una vieja reivindicación del sector cinegético desde 2020.

Esto quiere decir, básicamente, jornadas en la que un organizador cobra y los participantes pagan por un puesto de tiro. El control letal de animales por motivos de equilibrio ecológico está permitida, pero con modalidades no comerciales. El Plan Director de esos espacios dice que es permisible “el empleo de artes cinegéticas o piscícolas, siempre y cuando no se organicen ni publiciten como actividad deportiva o recreativa” y no dañen el medio ambiente.

Es decir, la norma contempla controlar –reducir el número de individuos– de especies sobreabundantes con maneras de cazar que “se hayan utilizado tradicionalmente y no produzcan efectos negativos en el medio ambiente”, tuteladas por la administración y “basados en datos científicos”.

De hecho, el borrador del nuevo plan director, ya que toca renovarlo, amplía esta fórmula al “control o erradicación de especies exóticas”. Un ejemplo: los muflones en el Teide .

Sin embargo, el Gobierno de Extremadura de María Guardiola (PP) ha ido, paso a paso, desbrozando el camino para organizar monterías en el Parque Nacional de Monfragüe. El pasado 10 de octubre dio luz verde a la posibilidad de organizar batidas de caza en las fincas privadas del parque. Las monterías implican el uso de perros sueltos para empujar los jabalíes y venados a la zona donde les aguardan los tiradores.

Es un contraste con la prohibición general de llevar perros sin correa en el espacio natural que se aplica a cualquier visitante. Esa medida está pensada para evitar daños a los ecosistemas. Dicho de otra manera, un senderista debe pasear con su mascota atada, pero una eventual cacería podrá soltar decenas de perros para que localicen, persigan y ladren hasta llevar las piezas a los rifles. Este vídeo de 2018 muestra cómo pueden acabar estos lances de caza: el frenesí termina con diez perros y un ciervo despeñados por un barranco.

Desde el punto de vista espacial, los parques nacionales ocupan el 0,77 % de la superficie emergida de España, cuando hasta el 85 % del territorio total del país es coto de caza .

Plomo al lobo

En su visita al presidente del PP, los cazadores también expusieron, otra vez, su rechazo al fin del uso de la munición de plomo –un riesgo certificado por los científicos para la salud de las personas, los ecosistemas y la fauna debido a la toxicidad de este metal–. Los populares también han impulsado una moción en el Senado para retrasar al menos diez años la prohibición de este material una vez se apruebe en la Unión Europea.

Y de forma casi simultánea a la entrevista, el Grupo Parlamentario del PP ha vuelto a solicitar en el Congreso que el Gobierno saque definitivamente al lobo del Listado de Especies en Régimen de Protección Especial en otro gesto a favor del sector cazador.

La iniciativa quiere que la caza sea utilizada como fórmula para “controlar” la población de lobos en los espacios naturales protegidos. Otra tradicional petición del sector cinegético , que ha protestado sin descanso por la protección del Canis lupus que impedía las cacerías de lobos en toda España.

Si la rebaja de la salvaguarda de los lobos que ya ha entrado en vigor fue impulsada por el PP con argumentos ganaderos y presentada como una medida anti desperdicio alimentario, ahora apoyan el deseo de los cazadores de ser empleados como herramienta para la eliminación de ejemplares como los programas emprendidos ya por los gobiernos asturiano y cántabro.