El colapso de la única mina de coltán en Europa , la Mina de Penouta (Ourense) —denominada estratégica por Bruselas — ha dejado un agujero multimillonario en la banca española. Esto incluye a acreedores desde el Banco Sabadell hasta el BBVA o CaixaBank. Además, también implica en bancos regionales como Caja Rural Gallega que figuran dentro del total de 16 acreedores con deudas que ascienden hasta los 7,3 millones de dólares (6,3 millones de euros), según indica el listado del  Juzgado de Primera Instancia número 4 de Ourense.

El principal acreedor garantizado es el Banco Sabadell , entidad que retiene una exposición de 907.000 euros como asegurador de la hipoteca de la canadiense, según los documentos judiciales. Esto significa que la entidad catalana sería la primera en ver algún rastro de ese dinero, que ahora queda en manos del Juzgado del Mercantil de Ourense.

Entre los 3,2 millones de acreedores no garantizados se encuentran gigantes bancarios como BBVA , CaixaBank y Abanca , pero también Caja Rural Gallega, así como Endesa y Moeve (anteriormente Cepsa), como proveedores de servicios públicos en la mina. En concreto, a BBVA se le debe casi 50.000 euros y 63.820 euros a Caixabank, según documentos vistos por este periódico del año 2024. La cantidad más grande de exposición, detrás del Banco Sabadell , se lo lleva Abanca , con 112.731 euros.

Una telaraña de litigios

Esta mina, la única que produce un puñado de minerales clave para la transición energética como el coltán en España, fue administrada por la filial española de la canadiense Strategic Minerals Europe hasta su cierre en 2024.  Ahora los permisos mineros han quedado en manos de la sociedad minera Energy Transition Minerals (ETM) con sede en Melbourne (Australia), según ha confirmado el tribunal de quiebras el pasado 17 de octubre tras una guerra de subastas. ETM adquirió los permisos por 5,2 millones de euros, según el auto judicial.

La canadiense Strategic Minerals inició procedimientos de quiebra el año pasado tras verse envuelta en una investigación penal que lo han dejado con 7,3 millones de dólares en pasivos (6,3 millones en euros) y sólo 250.000 dólares (216.822 euros) en caja. La causa judicial por supuesto delito contra los recursos naturales sigue abierta hasta la fecha, según han indicado fuentes a este periódico.

Los litigios empezaron allá por el verano de 2024. El Tribunal de Xustiza de Galicia (TSXG) revocó el permiso minero que otorgó a la canadiense en 2022, tras considerar que Strategic Minerals «no realizó una oportuna y adecuada» evaluación ambiental del impacto de la explotación minera en Peña Trevinca , una sierra que forma parte de la Red Natura 2000. Esto, según recoge la sentencia, materializó en la contaminación de aguas con niveles de arsénico, mercurio y plomo además de la «afectación a las aguas destinadas a consumo humano».