El deslinde aprobado por el Gobierno central para Doñana impone un cambio en la esencia misma del enclave, que formalmente pierde su condición de marisma de agua dulce para convertirse en un paraje con influencia mareal. Esto ha hecho que se lleve las manos a la cabeza prácticamente el Consejo de Participación del parque en bloque , anunciándose recursos ante la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y denuncias públicas que ya han llegado a la Comisión Europea, la Unesco y el Convenio Ramsar para los humedales .

La protesta ha tomado la forma de cartas que ha remitido WWF, que a su vez va a plantear un recurso de reposición contra la orden ya publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOE) . Pero consciente del impacto que todo lo relacionado con Doñana tiene en el ámbito internacional, la organización ecologista ha vuelto a jugar la baza de transmitir a estos organismos lo que se está cociendo, instándoles a que se dirijan al Gobierno español suspenda esta decisión y así corregir este “gravísimo error” que ha contado con el rechazo incluso de entes estatales como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Estación Biológica de Doñana.

Este deslinde del dominio público marítimo­-terrestre convierte en públicas las dos terceras partes de las marismas, que actualmente tienen algún propietario particular pero están básicamente en manos de las administraciones, la Junta y los ayuntamientos de Almonte e Hinojos (Huelva) y Aznalcázar (Sevilla). Pero lo que ha causado el revuelo es que se impone un “cambio de paradigma”, ya que –en contra de todos los estudios desarrollados en las últimas décadas– se concluye que son marismas de influencia mareal y no pluvio-fluvial.

Unas 15.000 hectáreas

Es decir, que se determina que son de agua salada y no dulce, y que si esto no tiene su reflejo en las lagunas es por los obstáculos que ha ido construyendo la mano del hombre para cortar su conexión marítima. De ahí que el deslinde sea de dominio público marítimo-terrestre y no de dominio público hidráulico, lo que afecta a más terreno (se ha dibujado una línea de 118,7 kilómetros que incluiría unas 15.000 hectáreas) y, con la actual normativa en la mano, habrá que tirar muchas de las barreras que protegen a las marismas.

Deslinde aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Esto es lo que lleva a WWF a denunciar las “graves e irreparables consecuencias” que tendrá este deslinde de seguir adelante, frente a un Ejecutivo central que ha procedido como si fuese “un mero acto administrativo para clasificar estas tierras como propiedad estatal”. Los organismos internacionales a los que se transmiten los “impactos extremadamente graves e irreversibles” de la decisión estatal son los que aportan los principales sellos de distinción ambiental de Doñana, sobre todo el de Patrimonio de la Humanidad.

Para la organización ecologista, la consideración de marisma mareal supondrá en la práctica “la desaparición de los humedales de agua dulce existentes” afectados por esta decisión. El deslinde, por cierto, ha sido diseñado por la Dirección General de Costas, que “ha determinado” que estos ecosistemas se encuentran en áreas que estarían sujetas a inundación por marea una vez que se eliminen los obstáculos que actualmente lo impiden.

“Conocimiento científico y técnico”

Esta “nueva realidad legal impuesta” supone para WWF “el riesgo más importante para las marismas de Doñana desde los proyectos de desarrollo que amenazaron su existencia a mediados del siglo XX”. La movilización –sobre todo internacional– en contra de este proyecto condujo a la creación del Parque Nacional en 1969.

Transformar las marismas de Doñana de un humedal pluvio-fluvial de agua dulce a una marisma mareal de agua salada “significaría la destrucción de gran parte de los hábitats y especies” del enclave, algunas de interés prioritario. Todo ello en base a unos criterios que, recuerda la entidad conservacionista, el Consejo de Participación del parque considera que “son incompatibles con el conocimiento científico, los planes de gestión existentes y la realidad física de Doñana”.

Por todo ello, se reclama la intervención de la Comisión Europea, la Unesco y la Convención Ramsar para que se dirijan al Gobierno español y “le insten formalmente a suspender el procedimiento”, elaborando una nueva propuesta “basada en el conocimiento científico y técnico de Doñana”. Un nuevo deslinde, por cierto, que piden que sea sometido a la revisión previa de Bruselas.

En paralelo, está abierta la vía del recurso de reposición para los particulares y del tribunal contencioso-administrativo para las administraciones, un paso que ya han anunciado que darán la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Almonte e Hinojos, la Estación Biológica de Doñana y la propia WWF.