El Parlament de Catalunya ha dado luz verde al decreto que el Govern aprobó el 30 de septiembre con el objetivo de anular los cobros indebidos que afectaban a jóvenes extutelados . La iniciativa ha recibido el apoyo de la mayoría de grupos, mientras que Vox, el PPC y Aliança Catalana han votado en contra. Esta medida pretende aliviar la situación económica de las personas beneficiarias de la prestación que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo , ha remarcado que el decreto no es solo una cuestión de dinero, sino un acto de “justicia social” . Según ha explicado, forma parte del proceso de transformación que el Govern está impulsando para mejorar la atención a la infancia y la adolescencia y para modernizar

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