El Gobierno argentino está considerando medidas para reducir el trabajo no registrado, que afecta al 43,2% de la población ocupada. Estas propuestas se enmarcan en la reforma laboral que se discutirá en el Congreso en los próximos meses. Fuentes oficiales han indicado que se está analizando una simplificación del proceso de registro laboral, aunque aún persisten obstáculos.

Se ha descartado la opción de un blanqueo laboral retroactivo, que permitiría la formalización de trabajadores sin costo para los empleadores. Actualmente, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ha señalado que el sistema de alta registral es relativamente simple. Con el CUIL del trabajador, se puede realizar el alta digitalmente a través del portal de la ARCA, incluyendo datos básicos de la relación laboral.

Desde mayo de 2024, ARCA ha reducido significativamente los requisitos para registrar a un empleado. Solo se necesita informar el CUIL y/o CUIT, el domicilio de la actividad económica, la fecha de inicio de la relación laboral, la modalidad de contratación y la obra social. Además, se extiende el plazo para cargar datos adicionales hasta la primera liquidación del sueldo.

El borrador de la reforma sugiere que la registración se basará en sistemas electrónicos establecidos por la agencia de recaudación, lo que simplificaría el proceso. Sin embargo, las empresas han expresado preocupaciones sobre la doble imposición en ciertos municipios, donde se exige una doble registración. Esteban Mancuso, coordinador de asuntos laborales de la CAC, ha señalado que esto genera confusión y complicaciones innecesarias.

Además, se ha planteado la creación de un "banco de horas", que permitiría a los empleadores distribuir la carga horaria de manera flexible. Esto implicaría que las horas extra se consideren parte de la jornada laboral habitual. También se evalúa la posibilidad de establecer convenios por empresa, en lugar de convenios colectivos nacionales.

La reforma también contempla la eliminación del régimen de "ultraactividad", que permite que los convenios colectivos se mantengan vigentes tras su vencimiento. Los empresarios han solicitado una reducción de los costos de los juicios laborales, sugiriendo que se impongan costas a los litigantes en casos de demandas infundadas.

Sin embargo, varios gremios han manifestado su preocupación por la falta de negociación en estas reformas, argumentando que podrían quitar derechos laborales. José Cárcamo, economista, ha calificado la reforma como "antiderechos", advirtiendo que podría debilitar a los sindicatos y reducir salarios.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se enfrenta a un desafío significativo ante estas propuestas. La caída de la sindicalización y la precarización laboral han debilitado su posición. En un congreso reciente, se discutieron estrategias sobre cómo enfrentar la reforma laboral, con tensiones internas sobre si adoptar una postura de diálogo o confrontación.

El Gobierno, tras su reciente victoria electoral, busca avanzar en su agenda de reformas, pero la implementación de cambios laborales en un contexto de recesión económica podría resultar problemática. Economistas advierten que, sin políticas que fomenten la producción y el consumo, la reforma podría aumentar el desempleo en lugar de crear nuevos puestos de trabajo.

La situación actual plantea un dilema: mientras algunos sectores abogan por la modernización de las leyes laborales, otros temen que estas reformas se utilicen para despedir personal a menor costo, exacerbando la crisis económica y afectando a las pequeñas y medianas empresas. La CGT y otros actores sociales continúan debatiendo el futuro del trabajo en Argentina en medio de estas transformaciones.