La administración del presidente Donald Trump ha ordenado a los estados que investiguen a beneficiarios de Medicaid —el programa que cubre a personas de bajos ingresos o con discapacidades— para verificar si cumplen con los requisitos de elegibilidad en base a su estatus migratorio.

Hasta ahora, cinco estados informaron que ya han recibido, en total, más de 170.000 nombres, una medida del gobierno federal sin precedentes, que significa involucrar al programa de salud estatal-federal en la campaña del presidente contra la inmigración.

Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que esta decisión impone una carga adicional a los estados al tener que duplicar las verificaciones y podría llevar a que algunas personas pierdan su cobertura médica simplemente por no haber entregado

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