Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la embajada de México en Lima, ha designado a Raúl Noblecilla como su único abogado defensor. En un oficio enviado a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, Chávez informó sobre el cambio en su equipo legal, dejando atrás a César Augusto Romero Valdez y Luis Barranzuela. La exparlamentaria, que tiene formación jurídica, ha decidido no ejercer su propia defensa y ha expresado su total confianza en Noblecilla, quien ahora será su representante exclusivo ante las instancias judiciales. En su comunicación, Chávez afirmó: "A partir de este momento, mi único abogado defensor será el abogado Raúl Martín Noblecilla Olaechea, con registro CAL N°41016, quien goza de mi total confianza y en quien deposito plenamente mi representación y defensa". El abogado, sin embargo, no podrá asumir de inmediato su rol, ya que fue expulsado de un juicio oral por conducta inapropiada y por presentar un certificado médico que la Sala Penal Especial consideró aparentemente falso. Chávez enfrenta un juicio por el delito de rebelión, tras su supuesta participación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Mientras tanto, la exprimera ministra espera que el Gobierno peruano oficialice la concesión de un salvoconducto que le permita trasladarse a México como asilada. El excanciller Miguel Rodríguez Mackay advirtió sobre las posibles repercusiones diplomáticas que podría enfrentar Perú si se niega a otorgar dicho salvoconducto. Según Rodríguez Mackay, esto podría resultar en críticas internacionales por incumplir la Convención de Caracas y la Constitución peruana, afectando la imagen del país en el ámbito internacional. El exministro comparó la situación con el caso de Nadine Heredia en Brasil, quien recibió un salvoconducto sin que ello causara rupturas diplomáticas. Sin embargo, destacó que la actual tensión entre Perú y México podría socavar la credibilidad del país. Rodríguez Mackay también explicó que el asilo otorgado a Chávez implica la obligación del Estado peruano de expedir un salvoconducto para su salida, conforme a los tratados internacionales y la Constitución. En este contexto, la relación entre Perú y México se ha visto afectada, manteniéndose solo la relación consular tras la ruptura de la vinculación política.