Cada día que pasa, la situación del fiscal general es más desesperada. El juicio que contra él se sigue en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos, al haberse filtrado un documento en poder de la Fiscalía relacionado con la causa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso , avanza sin que el Gobierno encuentre la manera de quebrar los fuertes indicios delictivos que rodean a la figura de Álvaro García-Ortiz. Es comprensible el nerviosismo del Gobierno, de modo que sus maniobras para tratar de desviar la atención, con el inestimable apoyo de sus terminales mediáticas, no sorprenden a nadie. Es más, son reveladoras de su impotencia.

Es difícil caer más bajo, por eso la máquina de intoxicación monclovita funciona estos días a pleno rendimiento , tratando de buscar un chivo expiatorio que salve el pellejo del fiscal general. Ellos sabrán, porque son especialistas en esparcir porquería.

Lo cierto es que todo apunta a que la Fiscalía General y Moncloa trazaron un plan de demolición personal de la figura política de la presidenta madrileña, utilizando de manera perversa y delictiva datos confidenciales de la pareja sentimental de Ayuso con el ánimo expreso de utilizarlos contra ella, aunque, de paso, sometieran a Alberto González Amador a un calvario continuado en el tiempo. Pura mafia, como la mismísima Cosa Nostra.

Porque una cosa es que un contribuyente haya podido cometer una irregularidad  fiscal susceptible de delito y otra, bien distinta, que a ese contribuyente el Gobierno y la Fiscalía General, con el apoyo también de sus terminales mediáticas, le hayan tratado como al peor de los criminales, causándole un daño objetivo en lo personal y lo profesional. Y todo porque era la pieza clave para tratar de acabar políticamente con Ayuso. Lo ocurrido no es propio de una democracia y lo peor es que han sido el Gobierno y el órgano encargado de velar por la legalidad quienes se han comportado de forma bastarda.