El Gobierno argentino ha iniciado oficialmente el proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal responsable de operar las centrales nucleares del país. Esta decisión fue formalizada a través de la Resolución 1751/2025, publicada en el Boletín Oficial. La privatización se enmarca en la Ley Bases (27.742), que clasifica a NASA como "sujeta a privatización" y permite la incorporación de capital privado. Sin embargo, el Estado mantendrá el control mayoritario, conservando el 51% del paquete accionario. El plan contempla la venta del 44% de las acciones en un bloque, mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. Además, se implementará un Programa de Propiedad Participada, que destinará el 5% del capital accionario a los trabajadores y pequeños inversores, buscando así fomentar la participación de estos sectores en la empresa. El 51% restante de las acciones quedará bajo el control del Estado, que estará representado por la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esto asegura que el Gobierno mantenga la capacidad de decisión en cuestiones estratégicas, como la ampliación de la capacidad de las centrales existentes o la construcción de nuevas plantas. El Ministerio de Economía tiene un plazo de 12 meses para llevar a cabo la privatización. Durante este tiempo, la Secretaría de Energía deberá realizar un inventario completo de los bienes de NASA y preparar la documentación necesaria para la licitación. La tasación del paquete accionario será realizada por una entidad bancaria del sector público nacional, aunque el Tribunal de Tasaciones de la Nación ha indicado que solo puede evaluar activos físicos, no financieros o intangibles. La Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas será la encargada de coordinar todo el proceso, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Esta privatización parcial es un paso significativo en el programa de reforma del Estado impulsado por el Gobierno en el sector energético, buscando atraer inversores privados mientras se preserva el control estatal sobre la empresa clave del sector nuclear argentino.