Las afirmaciones del presidente de la República, Gustavo Petro, sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, el 6 y 7 de noviembre de 1985, han alimentado la discusión sobre la narrativa histórica sobre la responsabilidad del M-19 en la muerte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia: que en aquella época estudiaban la exequibilidad del tratado de extradición firmado con los Estados Unidos.

El jefe de Estado, en respuesta a una publicación de El Espectador , sostuvo una posición que ha generado fuertes reacciones, en relación con el asesinato del togado Manuel Gaona Cruz: del que la Comisión de la Verdad de la Corte Suprema de Justicia dijo que había sido asesinado por instrucción de Andrés Almarales, uno de los miembros del grupo armado ilegal que incursionó en las

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