Los días 6 y 7 de noviembre de 1985 marcan un hito doloroso en la historia de Colombia. En esos días, el Palacio de Justicia fue escenario de un ataque violento que dejó una profunda huella en la memoria colectiva del país. Este evento trágico afectó a servidores judiciales, ciudadanos inocentes, estudiantes y trabajadores, quienes perdieron la vida o sufrieron graves consecuencias.

El ataque fue perpetrado por un grupo calificado como terrorista por los jueces en sus sentencias. Este acto violó la Constitución, la ley y los derechos humanos, convirtiendo el Palacio en un campo de batalla. Cerca de 100 personas murieron, muchas más resultaron desaparecidas y 242 fueron rescatadas, aunque con secuelas físicas y psicológicas.

La Alianza Democrática M-19, cuyos líderes se reincorporaron a la vida civil, reconoció posteriormente que este acto fue un grave error y pidió perdón a la nación. Sin embargo, la respuesta de las autoridades militares y policiales fue igualmente criticada. Se calificó su uso de la fuerza como excesivo y desproporcionado, lo que también resultó en la pérdida de vidas inocentes.

La violencia que asoló el Palacio de Justicia no solo afectó a las personas presentes, sino que también hirió profundamente el orden constitucional y la institucionalidad del país. Los magistrados y servidores judiciales que murieron defendían la Constitución y garantizaban los derechos de todos, pero su labor fue silenciada por la brutalidad de esos días.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado han declarado la responsabilidad del Estado por su omisión y acción durante estos hechos. La Fiscalía General de la Nación ha llevado a cabo varias investigaciones relacionadas con esta tragedia, buscando justicia para las víctimas y sus familias. La memoria de aquellos que perdieron la vida en el Palacio de Justicia sigue siendo un recordatorio de la necesidad de paz y justicia en Colombia.