Desde la medianoche de este viernes, aproximadamente 250.000 venezolanos en Estados Unidos han quedado desprotegidos tras la expiración del Estatus de Protección Temporal (TPS). Esta situación los expone a un riesgo inminente de deportación, lo que ha llevado a muchos a optar por la clandestinidad en lugar de regresar a su país de origen.
Oriana, una inmigrante venezolana de 38 años, expresó su angustia en una entrevista: "No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad". Oriana, madre de una adolescente de 15 años, ha vivido en EE.UU. durante más de cinco años y ha decidido mudarse a otro estado tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al TPS.
El TPS, que otorgaba protección contra la deportación y un permiso de trabajo, ha sido fundamental para muchos migrantes. Sin embargo, con su finalización, Oriana ha perdido su autorización laboral y ha comenzado a adaptarse a su nueva realidad. "Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad", comentó.
La crisis se agrava, ya que la pérdida del TPS afecta a un total de 600.000 venezolanos, incluyendo a aquellos que ya tenían órdenes de deportación previas. Fernando Romo, abogado de inmigración, advirtió que estos individuos corren un riesgo elevado de detención inmediata. "El TPS pone un paro a las órdenes de deportación, pero al perder el amparo, esta orden se activa y seguramente van a ser buscados por los agentes migratorios", explicó.
La Alianza TPS, liderada por el activista José Palma, está llevando a cabo una demanda contra la Administración Trump para mantener el programa. Palma subrayó que "la lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión". La batalla legal se encuentra actualmente en el Noveno Circuito de Apelaciones, donde se están escuchando argumentos sobre la legalidad de la decisión de terminar el TPS.
Además, la Alianza TPS está presionando al Congreso estadounidense para que se aprueben proyectos de ley bipartidistas que busquen otorgar la legalización permanente a los beneficiarios del TPS de diversas naciones. Sin embargo, el tiempo es un factor crítico, ya que la Administración Trump tiene como objetivo deportar a un millón de personas en el próximo año.
A pesar de la adversidad, algunos inmigrantes como Oriana mantienen la esperanza. Ella reconoce que, aunque el TPS les otorgaba un privilegio, no se debe perder la fe. La comunidad venezolana enfrenta un futuro incierto, pero continúa buscando opciones legales, como la solicitud de asilo, aunque estos procesos son complejos y difíciles. La situación de los venezolanos en EE.UU. es un reflejo de la crisis migratoria que afecta a miles de familias en el país.

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