El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha presentado una denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra. Se le acusa de presunta organización criminal y colusión agravada en el caso conocido como Los Intocables de la Corrupción. Durante su mandato, que se extendió de marzo de 2018 a noviembre de 2020, Vizcarra habría liderado esta organización con el objetivo de controlar el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Según la denuncia, Vizcarra implementó una "estrategia de copamiento" al nombrar a funcionarios afines, conocidos como la "muralla moqueguana". Entre ellos se encuentran el exministro Edmer Trujillo, el exviceministro Carlos Estremaydoro, el exdirector ejecutivo de Provías Descentralizado, Carlos Revilla Loayza, y el exasesor Hugo Misad Trabuco. La organización criminal habría intervenido en seis procesos de contratación pública, incluyendo proyectos en Paimas, Sechura y Tocache.

La investigación revela que Carlos Revilla instruyó a Alcides Villafuerte, exfuncionario de Provías, para que contactara a empresas constructoras. Se les exigía un 3.5% del costo de los proyectos a cambio de la buena pro. El dinero de los sobornos, según la denuncia, era gestionado por Hugo Misad Trabuco, quien sería el testaferro de Vizcarra. Además, se menciona que el expresidente habría recibido sobornos en Palacio de Gobierno, con la exsecretaria Karem Roca como testigo. Se alega que el dinero se ocultaba en cajones y tubos para planos.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha aprobado el informe que recomienda admitir la denuncia contra Vizcarra. Los congresistas que votaron a favor incluyen a Lady Camones y Jorge Montoya, mientras que los opositores Elías Varas y Pasión Dávila votaron en contra. El informe será enviado a la Comisión Permanente, que tiene un plazo de hasta 15 días para investigar y elaborar un informe final.

En medio de este escándalo, el partido Perú Primero ha inscrito a Martín Vizcarra como precandidato a la primera vicepresidencia en la fórmula encabezada por su hermano, Mario Vizcarra, para las elecciones internas de 2026. Sin embargo, su postulación está condicionada a la decisión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que debe resolver una medida cautelar para restituirle sus derechos políticos, actualmente restringidos por tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso.

El registro de Vizcarra fue aceptado provisionalmente el 24 de octubre. Las inhabilitaciones que enfrenta incluyen una de 10 años por vacunarse en secreto contra la COVID-19, otra de 5 años por vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro, y una más de 10 años por disolver el Congreso en 2019.