El Gobierno nacional ha decidido avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), responsable de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Esta medida fue anunciada el 5 de noviembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 1751/2025. Se permitirá la venta del 44% de las acciones de la empresa al capital privado mediante una licitación pública nacional e internacional. La administración justifica esta acción como un paso hacia la “modernización” de la estructura energética del país. Desde el Congreso, se han presentado diversas iniciativas para frenar esta privatización. El 8 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de Ley de Emergencia y Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este proyecto busca revertir la crisis provocada por recortes presupuestarios, restablecer fondos y proteger a las empresas estatales estratégicas. Sin embargo, el futuro de esta iniciativa es incierto, ya que aún no ha sido discutida en el Senado, mientras la privatización de casi la mitad de Nucleoeléctrica avanza. La Central Nuclear de Embalse, ubicada en Córdoba, es una de las más emblemáticas del sistema energético argentino. Inaugurada en 1984, su vida útil fue extendida en 2019 tras una modernización que generó más de 3.000 empleos. Además de su función energética, produce Cobalto-60, un material radiactivo esencial para tratamientos médicos y usos industriales, y sostiene más de 1.000 empleos directos en la región. La apertura al capital privado genera incertidumbre sobre su futuro, aunque el Estado mantendrá el 51% del paquete accionario y el control operativo. La Resolución 1751/2025, firmada por el ministro Luis Caputo, instruye a la Secretaría de Energía a realizar un inventario detallado de los bienes de NASA y a elaborar pliegos licitatorios en un plazo de 12 meses. El proceso incluirá un Programa de Propiedad Participada (PPP), permitiendo a los trabajadores acceder al 5% del capital accionario. La venta se llevará a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR, con la expectativa de atraer inversores nacionales e internacionales. Adriana Serquis, expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y diputada nacional, ha expresado su preocupación por esta decisión. Calificó la privatización como “preocupante” y “gravísima” para la soberanía energética del país. Serquis enfatizó la importancia de que el Estado mantenga el control sobre bienes estratégicos, como los recursos naturales y la generación de energía. La diputada advirtió que perder el control sobre el sector nuclear podría tener implicaciones geopolíticas significativas y que la privatización podría afectar la tecnología y las estrategias futuras en el sector. La normativa establece que la valuación de las acciones estatales será realizada por un banco público, y se espera que el proceso de privatización se complete en un año. La privatización de Nucleoeléctrica Argentina S.A. marca un cambio significativo en la política energética del país, generando un debate sobre el futuro del sector nuclear y la soberanía energética de Argentina.