El Gobierno del Perú ha decidido proponer una modificación a la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo diplomático. Esta decisión surge tras la solicitud de salvoconducto presentada por México para la ex primera ministra Betssy Chávez, quien se encuentra asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima. La Cancillería peruana emitió un comunicado en el que informa que ha finalizado un análisis jurídico y político de la solicitud mexicana. Este análisis incluyó consultas internas y la opinión de expertos juristas de la región. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha observado una "evolución negativa" en la aplicación de la Convención, donde se han calificado como persecución política casos que, en realidad, corresponden a delitos comunes. El Gobierno peruano sostiene que esta práctica desvirtúa el propósito original del tratado, que fue diseñado para proteger a personas perseguidas por motivos políticos, no para eludir la justicia. En este sentido, el comunicado expresa el "profundo malestar y rechazo" del Perú ante el uso del derecho de asilo para beneficiar a ciudadanos que enfrentan procesos judiciales en Estados democráticos. Por orden del presidente interino, José Jerí, se iniciará un proceso de consultas con los países miembros de la OEA para impulsar una reforma de la Convención de Caracas. El objetivo es reforzar el respeto al imperio de la ley en el sistema interamericano. El comunicado también señala que se dará a conocer el resultado de estas gestiones de manera urgente. Finalmente, se informó que el embajador de Cuba en Perú, Carlos Zamora, ha concluido sus funciones diplomáticas y ha abandonado el país de forma definitiva. El Gobierno peruano tomará decisiones sobre el salvoconducto de Betssy Chávez una vez finalizado el proceso de consulta con la OEA.