El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a chocar con el Gobierno de Canarias, en esta ocasión por la declaración de zona tensionada en la capital más poblada de las islas. El Ejecutivo regional informa al consistorio de tres aspectos que deben ser subsanados en su solicitud para afrontar la regulación del mercado de la vivienda en la ciudad.

Las tres claves de este informe de Instituto Canario de la Vivienda discuten los argumentos del equipo de Carolina Darias, presentado ante la autoridad autonómica, la competente para emitir la declaración, tras un trabajo realizado por personal del área de Urbanismo en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Los aspectos fundamentales que señala el Ejecutivo, desde el área de Vivienda que capitanea Pablo Rodríguez

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