El 3 de noviembre, México otorgó asilo diplomático a Betsy Chávez, ex presidenta del Consejo de Ministros de Pedro Castillo. Su defensa había decidido un mes antes que esta era la única opción viable, anticipando una condena inminente. Raúl Noblecilla, abogado de Chávez, afirmó: “Estoy seguro de que la iban a condenar, y eso confirma que Betsy Chávez ha hecho lo correcto”.

Chávez y Castillo enfrentan un juicio abierto por rebelión tras el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. La fiscalía solicita 25 años de prisión para la exministra y 34 para el exmandatario. La defensa de Chávez sostiene que el tribunal aceleró el proceso judicial, lo que generó la búsqueda de refugio en México.

México tiene una tradición de asilo, habiendo acogido a figuras como Lilia Paredes, esposa de Castillo, y otros líderes políticos como Evo Morales y Jorge Glas. La relación entre México y Perú se ha tensado desde la destitución de Castillo, con el gobierno mexicano extendiendo protección a su familia.

Las gestiones para el asilo de Chávez se realizaron en paralelo en Lima y Ciudad de México. Su defensa mantuvo contacto con la embajada mexicana, mientras que el congresista Roberto Sánchez viajó a México para interceder por ella. La relación cercana entre Chávez y Paredes fue clave en este proceso.

El 21 de octubre, la defensa intentó aplazar el juicio con un certificado médico que fue cuestionado por el tribunal, lo que llevó a la expulsión de su abogado. A partir de ese momento, Chávez dejó de asistir a las audiencias, y la fiscal solicitó que se le prohibiera salir del país.

La ausencia de Chávez llevó al tribunal a prepararse para su captura. Sin embargo, el 3 de noviembre, el canciller peruano, Hugo de Zela, confirmó que Chávez estaba asilada en la embajada mexicana. Esto provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México.

El gobierno mexicano defendió el asilo como un acto legítimo, alegando que Chávez ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reiteró que la detención de Castillo fue motivada por razones políticas.

El presidente peruano, José Jerí, indicó que la entrega del salvoconducto para Chávez dependerá de información técnica y acuerdos internacionales. Mientras tanto, la defensa de Chávez ha expresado que permanecerá en la embajada mexicana todo el tiempo que sea posible.

El gobierno peruano ha cuestionado el uso político del asilo y planea solicitar cambios en la Convención de Caracas de 1954 para evitar su tergiversación. La situación de Betsy Chávez sigue siendo incierta, ya que su futuro depende de la decisión sobre el salvoconducto que aún está pendiente.